Repartidores de apps: la trampa entre precarización laboral y endeudamiento

El nuevo proletariado que pedalea con deuda encima

Hay una escena que se repite en cualquier esquina de CABA, Rosario o Córdoba: pibes y pibas con mochilas cúbicas esperando el próximo pedido, mirando el celular, calculando cuántos viajes más necesitan para llegar a fin de mes. Detrás de esa postal —que las plataformas venden como 'emprendedurismo' y 'libertad'— hay una realidad que los datos empiezan a describir con crudeza: trabajadores sin derechos laborales que además, en 2024, se endeudan para sobrevivir.

La ecuación es simple y brutal. Ingresos hundidos por el ajuste, ausencia total de cobertura social, y una oferta agresiva de crédito personal, tarjetas y fintechs que llenan el hueco que dejaron el salario y el Estado. Según datos del Banco Central, los créditos personales en pesos crecieron 156% en términos reales durante 2024. No es prosperidad: es supervivencia financiada.

El gobierno de Javier Milei presenta este modelo como la vanguardia del trabajo del siglo XXI. Los datos muestran otra cosa: un régimen de acumulación donde el ingreso del trabajador se completa con deuda, y donde las plataformas transfieren todos los riesgos —accidentes, enfermedad, moto rota, día sin pedidos— al eslabón más débil.

Cuánto gana realmente un repartidor de apps

Los números son elocuentes. Estudios de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y del Observatorio de Derecho Social de la CTA vienen registrando desde 2020 que la jornada promedio de un repartidor de plataforma se ubica entre las 10 y las 12 horas diarias, seis días a la semana. Más del 60% percibe ingresos mensuales por debajo del salario mínimo, vital y móvil una vez descontados los costos de moto, combustible, mantenimiento y datos móviles.

En 2024, con la aceleración inflacionaria del primer semestre y el planchazo salarial impuesto por el Ministerio de Capital Humano, el salario mínimo perdió alrededor de un 30% de poder adquisitivo, según los propios datos del INDEC y de estimaciones de CIFRA-CTA. Es decir: los repartidores no sólo ganan poco, sino que ese poco vale cada vez menos.

A eso hay que sumarle lo invisible:

• Sin aportes jubilatorios (o monotributo mínimo pagado del bolsillo del trabajador).
• Sin ART: si un repartidor se cae en Panamericana, la moto rota y el yeso los paga él.
• Sin obra social real: dependen del hospital público, ese mismo que el gobierno vacía. Lo desarrollamos en Efectos del ajuste en la calidad de salud pública.
• Sin licencias por enfermedad, vacaciones ni aguinaldo.

La deuda como salario complementario

Este es el corazón del asunto y el que menos se discute. Cuando el ingreso del trabajo no alcanza para llegar a fin de mes, aparece la deuda a llenar el vacío. El propio BCRA informó que en 2024 los saldos de tarjetas de crédito y préstamos personales crecieron muy por encima de los salarios registrados. Familias enteras están refinanciando consumo básico —comida, alquiler, servicios— con tasas que en promedio superan holgadamente el 100% nominal anual.

El fenómeno lo describimos en Familias al límite: el ajuste de Milei las empuja a refinanciar deudas. Pero en el caso de los trabajadores de plataformas la situación es peor: al no tener recibo de sueldo ni continuidad laboral verificable, quedan expulsados del sistema bancario tradicional y caen en la oferta de fintechs con tasas efectivas anuales que rozan lo usurario.

Las fintechs, además, tienen algo que los bancos no: acceso a los datos de la plataforma. Saben cuántos viajes hacés, cuánto ganás, qué días trabajás. Es un scoring hecho a medida de un trabajador que no existe formalmente pero cuyos movimientos son totalmente rastreables. La paradoja del capitalismo de plataformas: sos invisible para la ley laboral y transparente para el que te presta plata al 130%.

El discurso oficial: gig economy como 'oportunidad'

El gobierno de Milei, con Sturzenegger y Caputo a la cabeza del andamiaje regulatorio, defiende explícitamente este modelo. El argumento oficial es conocido: el trabajo formal es un lujo del siglo XX, las plataformas dan 'libertad' de elegir horarios, y el que quiere progresar lo hace.

El problema es que, mientras se predica esa libertad, el mismo gobierno destruye las condiciones para que exista un empleo formal alternativo. Según datos del Ministerio de Trabajo, en 2024 se perdieron más de 250.000 puestos registrados en el sector privado y público. Es lo que analizamos en Desregulación laboral en Argentina: quién paga el costo del ajuste. No hay elección real: no es 'plataforma o empleo registrado', es 'plataforma o nada'.

El DNU 70/2023 y la Ley Bases avanzaron sobre indemnizaciones, período de prueba, y ampliaron las figuras del 'colaborador independiente' —una categoría diseñada a medida para blanquear la relación laboral encubierta que las apps sostienen desde hace años. En lugar de reconocer derechos, se legaliza su ausencia.

Salud como variable de ajuste personal

Acá se cruza el eje que a Voces del Pueblo le interesa especialmente: la salud pública. Un repartidor sin cobertura no es sólo un problema laboral, es un problema sanitario. Cuando se enferma o se accidenta, cae en el hospital público. Cuando el hospital público está desfinanciado —como documentamos en Impacto de la desregulación en el acceso a la salud— el sistema entero cruje.

A la salud física se suma la mental. Trabajar 12 horas mirando una app que decide si tu ingreso alcanza, sabiendo que un accidente puede dejarte sin nada, endeudándote para pagar el alquiler: esto tiene consecuencias. Estudios de la UBA y de sociedades de psicología del trabajo vienen alertando sobre cuadros de ansiedad, insomnio y depresión asociados al trabajo de plataformas. Lo abordamos en Ajuste económico y salud mental.

El círculo se cierra así: el Estado deja de garantizar salud, el mercado ofrece 'trabajo flexible' sin cobertura, el trabajador se enferma, no tiene con qué pagar la consulta privada, y si va al hospital lo encuentra desmantelado. Cada eslabón del ajuste refuerza al siguiente.

Qué se puede hacer: la experiencia comparada

La pregunta obvia es si hay alternativa. Y la respuesta corta es sí. La OIT viene proponiendo desde 2019 marcos regulatorios específicos para el trabajo de plataformas. España aprobó en 2021 la 'Ley Rider' que presume la laboralidad de los repartidores. Chile sancionó en 2022 una ley que obliga a las plataformas a aportar previsión social. La Unión Europea aprobó en 2024 una directiva que va en el mismo sentido.

Argentina, en cambio, va en dirección contraria. Mientras el mundo discute cómo poner marcos, el gobierno actual profundiza la desregulación. Los proyectos de ley presentados por diputadas y diputados del bloque de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda —que proponen reconocer la relación de dependencia, garantizar ART y aportes— duermen en comisiones.

Una agenda mínima tendría que incluir:

• Presunción de laboralidad para trabajadores de plataformas.
• Obligación de las apps de pagar ART y aportes.
• Regulación de las fintechs que operan sobre estos trabajadores, con techos de tasa.
• Fortalecimiento del hospital público como red de contención universal.
• Estadísticas oficiales periódicas sobre trabajo de plataformas (hoy inexistentes en el INDEC).

El fondo del asunto

La precarización laboral en plataformas digitales combinada con endeudamiento no es un accidente del mercado ni una consecuencia inevitable de la tecnología. Es una decisión política. Se puede regular. Se puede exigir aportes. Se puede garantizar salud pública. Se puede poner techos a la usura fintech.

Que no se haga tiene que ver con quién gobierna y para quién. Un modelo que necesita 160.000 trabajadores endeudados pedaleando 12 horas al día para sostener márgenes de rentabilidad de empresas globales no es la vanguardia del futuro: es el retorno al siglo XIX con GPS. Y el pueblo, como siempre, es el que paga la fiesta ajena.