Impacto de la desregulación en el acceso a la salud: un sistema fracturado

De qué hablamos cuando hablamos de desregulación sanitaria

En Argentina la salud nunca fue un mercado como cualquier otro. Desde la creación de las obras sociales sindicales, el PAMI y la red de hospitales públicos, el sistema se organizó como un entramado mixto donde el Estado ponía reglas: precios de referencia para medicamentos, control sobre las cuotas de la medicina prepaga, un Programa Médico Obligatorio (PMO) que fijaba pisos de cobertura y una Superintendencia de Servicios de Salud que arbitraba conflictos.

El DNU 70/2023 y las medidas posteriores del gobierno de Javier Milei cambiaron ese esquema. Se liberaron las cuotas de las prepagas, se habilitó la libre contratación entre usuarios y empresas sin pasar por la obra social sindical, y se recortaron atribuciones regulatorias del Estado. La palabra “desregulación” suena técnica, pero en la vida cotidiana significa que quien enferma paga más, espera más y tiene menos herramientas para reclamar.

Ese giro no ocurre en el vacío. Como analizamos en Efectos del ajuste en la calidad de salud pública: un sistema al límite, la desfinanciación del sector público y la desregulación del privado son dos caras de la misma moneda: correr al Estado como garante del derecho a la salud.

Prepagas liberadas: la cuota como variable de expulsión

El primer efecto visible de la desregulación fue el salto de las cuotas de la medicina prepaga. Entre diciembre de 2023 y mediados de 2024, según relevamientos periodísticos y datos de la propia Superintendencia, los aumentos acumulados superaron largamente a la inflación general que mide el INDEC. Recién ante la reacción social y una intervención parcial de la Secretaría de Comercio, algunas empresas devolvieron parte de lo cobrado en exceso.

El mecanismo es sencillo: si el Estado deja de fijar topes y de auditar aumentos, el precio lo pone el que tiene poder de mercado. Y en Argentina el mercado de prepagas está concentrado en un puñado de empresas. El resultado es previsible: familias que llevaban décadas afiliadas empezaron a bajar de plan, pasarse a obra social sindical o directamente caer al hospital público.

Ese movimiento no es abstracto. Cada afiliado que se va de la prepaga es una consulta más en la guardia del hospital, un turno más en la lista de espera, un tratamiento oncológico más que se tramita por vía estatal. La “libertad de elegir” termina siendo, para muchos, la obligación de resignar cobertura.

Medicamentos: cuando el mostrador de la farmacia decide quién se cura

Otro capítulo central del impacto de la desregulación en el acceso a la salud es el precio de los medicamentos. Con la eliminación de mecanismos de control y la caída del PAMI como comprador consolidado —recordemos el conflicto por la cobertura al 100% de remedios para jubilados—, los precios de fármacos esenciales treparon muy por encima de los salarios y las jubilaciones.

El fenómeno tiene tres capas que conviene distinguir:

• Precios de lista: aumentos sostenidos en medicamentos crónicos (hipertensión, diabetes, salud mental).
• Cobertura: recortes en vademécum de PAMI y demoras en autorizaciones de obras sociales.
• Disponibilidad: faltantes puntuales por caída de importaciones y menor rotación en farmacias de barrio.

La consecuencia sanitaria es conocida por cualquier médica de cabecera: pacientes que espacian las tomas, cortan tratamientos por la mitad o eligen entre el remedio y la comida. En Ajuste económico y salud mental: la epidemia silenciosa argentina ya mostramos cómo este cuadro se traduce en consultas por ansiedad, depresión y consumo problemático.

Obras sociales y el desvío hacia las prepagas

Un punto técnico pero decisivo del DNU fue habilitar que los aportes de trabajadores en relación de dependencia se deriven directamente a prepagas, sin pasar por la obra social sindical de la actividad. En la superficie parece una ampliación de la libertad individual. En los hechos, funciona como un mecanismo de descreme.

Los afiliados jóvenes, sanos y de mayores ingresos son los más atractivos para las prepagas y los que efectivamente pueden mudarse. Las obras sociales sindicales quedan con una población más envejecida, con más enfermedades crónicas y con menos recursos por cápita. Es el manual clásico de cómo se destruye un sistema solidario: no prohibiéndolo, sino vaciándolo.

Este proceso golpea sobre todo a trabajadores de convenios con obras sociales chicas, que ven caer su base de aportes y, por lo tanto, su capacidad de prestar servicios. La historia del sistema sanitario argentino, ligada a las conquistas sindicales que repasamos en Historia del movimiento obrero argentino y sus luchas, muestra que estas estructuras se construyeron durante décadas y se destruyen en meses.

El hospital público como última red

Cuando la prepaga se vuelve inaccesible, la obra social se debilita y el medicamento se sale de precio, queda el hospital público. Ese es hoy el amortiguador silencioso del ajuste. Guardias saturadas, cirugías programadas que se corren, servicios de oncología y hemodiálisis que reciben pacientes que antes se atendían en el privado.

El problema es que ese hospital también fue objeto del ajuste. La caída real del presupuesto sanitario nacional en 2024, la parálisis de obras, los conflictos por salarios en el Garrahan y en hospitales nacionales, y el recorte de programas como el Remediar o el de VIH mostraron que no hay red de contención infinita. Como desarrollamos en Salud pública y equidad social en Argentina: el Estado como garantía, sin financiamiento sostenido el hospital público puede seguir abriendo sus puertas, pero no puede garantizar la misma calidad de atención.

La paradoja es cruel: el mismo gobierno que desregula el privado desfinancia el público, y después presenta la saturación de las guardias como prueba de que “el Estado no funciona”. Es una profecía autocumplida.

Quiénes pagan primero: geografía de la desigualdad sanitaria

La desregulación no impacta parejo. Hay tres clivajes que conviene mirar con atención:

• Territorial: provincias del norte y conurbano bonaerense dependen más del hospital público y de programas nacionales que hoy están recortados.
• Etario: jubilados y jubiladas del PAMI, con haberes licuados, son los más golpeados por el precio de los medicamentos.
• De género: las tareas de cuidado de personas enfermas recaen mayoritariamente en mujeres, que absorben el costo invisible del sistema.

En los barrios donde el Estado se retira, la salud vuelve a ser lo que era antes de las grandes conquistas del siglo XX: un privilegio. Lo describimos con detalle en Salud pública en comunidades vulnerables: beneficios reales del Estado presente, donde se ve que cada peso invertido en atención primaria evita muchos más en internaciones evitables.

Qué se puede hacer: la salud como decisión política

La discusión no es técnica, es política. Un sistema sanitario puede organizarse de muchas maneras, pero todas las experiencias comparadas muestran algo: donde el Estado regula precios, compra medicamentos en escala, sostiene una red pública robusta y coordina con obras sociales, la esperanza de vida sube y el gasto de bolsillo baja. Donde se desregula, ocurre lo contrario.

Hay medidas concretas y probadas: restablecer la potestad regulatoria de la Superintendencia sobre aumentos de prepagas, recuperar la compra centralizada de medicamentos por parte del Estado nacional, fortalecer el PMO, blindar el presupuesto del PAMI y de los hospitales nacionales, y reactivar programas territoriales de atención primaria. Nada de esto es utopía: es lo que funcionó, con matices, durante buena parte de las últimas dos décadas.

El impacto de la desregulación en el acceso a la salud no es un dato de coyuntura, es un modelo de país. Discutirlo es discutir qué tipo de sociedad queremos: una donde enfermarse sea una tragedia económica, o una donde el derecho a la salud siga siendo, como lo pensó el sanitarismo argentino desde Ramón Carrillo, una responsabilidad colectiva.