Efectos del ajuste en la calidad de salud pública: un sistema al límite

Un sistema que se sostiene a pesar del recorte

La salud pública argentina fue construida durante décadas como una red compleja: hospitales nacionales, provinciales y municipales, programas federales, ANMAT, PAMI, y una industria de medicamentos con capacidad local. Esa arquitectura, imperfecta pero real, garantizó durante generaciones que un pibe de un barrio del conurbano y uno de Recoleta pudieran ser atendidos por el mismo sistema. No es una postal romántica: es la traducción concreta de la salud como derecho.

Desde diciembre de 2023, esa red enfrenta un ajuste sin precedentes recientes. Según seguimientos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y de organizaciones como CEPA, el gasto real en salud del gobierno nacional cayó de manera significativa durante 2024, con recortes especialmente marcados en transferencias a provincias, programas de VIH, tuberculosis, salud sexual y reproductiva, y en la compra centralizada de medicamentos e insumos.

El argumento oficial es conocido: hay que "ordenar las cuentas". La pregunta política, la que este medio se hace, es otra: ¿quién paga ese orden? La respuesta, cuando se mira de cerca, aparece en las salas de espera.

Qué significa "ajuste" cuando hablamos de un hospital

El ajuste en salud no es un número en un Excel. Se traduce en decisiones cotidianas que degradan la atención de manera gradual pero acumulativa. En los hospitales nacionales como el Posadas, el Garrahan o el Bonaparte —este último directamente amenazado con el cierre a principios de 2024 antes de la reacción social— se registraron demoras en insumos básicos, congelamiento de vacantes y salarios que perdieron frente a una inflación que, según datos del INDEC, acumuló niveles muy altos en 2024.

Algunos efectos concretos que vienen siendo documentados por medios y sindicatos del sector:

• Postergación de cirugías programadas por falta de insumos o de personal.
• Interrupciones en la entrega de medicamentos oncológicos y para enfermedades crónicas, particularmente vía PAMI y programas nacionales.
• Renuncias masivas de residentes y profesionales formados, con salarios que quedaron por debajo de la línea de pobreza en varias jurisdicciones.
• Cierre o vaciamiento de programas nacionales de prevención (VIH, salud mental, salud perinatal).

Cada uno de estos puntos, tomado en aislado, puede parecer un problema "de gestión". Sumados, dibujan un patrón: el retiro planificado del Estado como garante sanitario. Ya lo desarrollamos en Salud pública y equidad social en Argentina: el Estado como garantía.

Medicamentos: el mercado no baja los precios

Uno de los capítulos más brutales del ajuste fue la desregulación del mercado de medicamentos y la retirada del Estado como comprador masivo. El programa Remediar, que durante años garantizó medicación esencial en centros de atención primaria, sufrió recortes profundos. La entrega de medicación oncológica vía la ex Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales quedó, según denuncias de asociaciones de pacientes, con demoras que en algunos casos comprometen tratamientos.

En paralelo, los precios de los medicamentos de venta libre y bajo receta aumentaron muy por encima del salario. Informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y de la Confederación Farmacéutica Argentina mostraron que en varios rubros los aumentos duplicaron la inflación general durante 2024. Para un jubilado con haber mínimo, esto significa elegir entre remedios y comida. No es metáfora.

La promesa de que "el mercado" iba a bajar los precios al desregular no se cumplió, y no podía cumplirse: el mercado farmacéutico argentino tiene niveles de concentración altísimos. Sin Estado que compre en escala y negocie, el paciente queda solo frente al mostrador.

El costo humano: trabajadores y trabajadoras de la salud

Hablar de calidad de salud pública es hablar, sobre todo, de las personas que la sostienen. Médicas, enfermeros, camilleros, administrativas, técnicos de laboratorio, residentes. El ajuste llegó a sus salarios con particular saña: las paritarias del sector nacional quedaron muy por debajo de la inflación, y el conflicto de residentes del Garrahan durante 2024 puso en la agenda pública lo que muchos ya sabían puertas adentro.

El éxodo de profesionales tiene dos destinos principales: el sector privado y el exterior. Cada residente formado en un hospital público representa una inversión enorme del Estado —de todos nosotros— que se pierde cuando ese profesional decide irse. España, Chile e incluso países del Golfo se benefician de una formación que pagamos con impuestos argentinos.

A este cuadro se suma el impacto en la salud mental de los propios trabajadores, un tema que abordamos en Ajuste económico y salud mental: la epidemia silenciosa argentina. El burnout, la doble y triple jornada, la precarización creciente, son parte del mismo fenómeno que discutimos en Desregulación laboral en Argentina: quién paga el costo del ajuste.

Federalismo sanitario: las provincias, solas

El esquema sanitario argentino es federal: la mayoría de los hospitales dependen de provincias y municipios. Cuando la Nación recorta transferencias, programas nacionales y compras centralizadas, el problema no desaparece: se traslada. Provincias como Buenos Aires, con más de 17 millones de habitantes, quedaron absorbiendo demanda que antes atendían efectores nacionales o programas coparticipados.

El gobernador Axel Kicillof denunció públicamente en varias oportunidades el impacto de la caída de transferencias en el sistema sanitario bonaerense. Provincias con menos recursos —Chaco, Formosa, Santiago del Estero— enfrentan una encrucijada aún más dura: sostener servicios básicos con recaudación propia estancada y coparticipación en disputa.

Este desguace del rol federal en salud tiene un correlato en la deuda externa y las condicionalidades del acuerdo con el Fondo, algo que ya analizamos en Deuda externa y políticas sociales: cómo el FMI condiciona el bienestar argentino. No hay política sanitaria autónoma con superávit fiscal impuesto desde Washington.

Los datos que importan y los que faltan

Parte del ajuste incluye, curiosamente, un ajuste en la producción de información pública. Programas de vigilancia epidemiológica fueron debilitados, y varios boletines oficiales dejaron de publicarse con la regularidad histórica. Esto no es un detalle técnico: sin datos, no hay política pública posible ni control ciudadano.

Aun así, algunos indicadores se pueden reconstruir a partir de fuentes como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de universidades nacionales. Lo que muestran es preocupante: caída en coberturas de vacunación en algunas jurisdicciones, aumento de consultas por cuadros vinculados a la caída del ingreso (desnutrición, descompensaciones por interrupción de tratamientos) y presión creciente sobre las guardias.

Algunos ejes que merecen seguimiento riguroso durante los próximos meses:

• Evolución del gasto real en salud como porcentaje del PBI.
• Coberturas de vacunación del calendario obligatorio.
• Tiempos de espera en cirugías programadas y estudios de alta complejidad.
• Rotación y renuncias en residencias médicas.
• Acceso efectivo a medicación oncológica y para enfermedades poco frecuentes.

Salud como campo de disputa política

La discusión sobre los efectos del ajuste en la calidad de salud pública no es técnica: es política, en el sentido más noble del término. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos. Una que garantiza que nadie se muera por no poder pagar una quimioterapia, o una que devuelve la salud al terreno del bolsillo individual. Ese debate atraviesa la historia argentina, desde Ramón Carrillo hasta hoy, y se conecta con las luchas más amplias que recorrimos en Historia del movimiento obrero argentino y sus luchas.

Defender el sistema público no implica negar sus problemas: burocracia, inequidades regionales, gestiones deficientes. Implica, sí, sostener que esos problemas se resuelven fortaleciendo al Estado, no vaciándolo. La experiencia internacional es contundente: los países con mejores indicadores sanitarios son los que tienen sistemas públicos robustos, no los que delegaron todo al mercado.

El próximo capítulo lo escribimos entre todos: profesionales que resisten en sus servicios, pacientes que se organizan, sindicatos que paran, provincias que litigan, medios que informan. Y ciudadanos que entienden que un turno demorado hoy es un derecho que se achica mañana.