Ajuste económico y salud mental: la epidemia silenciosa argentina

Cuando el ajuste se mete en la cabeza

En Argentina se discute el déficit fiscal como si fuera un problema técnico, abstracto, ajeno a la vida cotidiana. Pero cada punto de ajuste tiene un correlato subjetivo: la angustia del que no llega a fin de mes, el insomnio del que teme perder el trabajo, la depresión del jubilado que dejó de comprar sus remedios. La salud mental es, quizás, la variable menos contabilizada del programa económico vigente, y sin embargo es una de las que más rápido se deteriora.

Desde diciembre de 2023, la aplicación de un programa de shock —devaluación del 118%, licuación de salarios y jubilaciones, recorte de transferencias sociales y desfinanciamiento de áreas sensibles del Estado— produjo lo que organismos internacionales llaman "estresores económicos crónicos". No es una metáfora: la Organización Mundial de la Salud reconoce hace años que las crisis económicas agudas se traducen en aumentos verificables de trastornos de ansiedad, depresión mayor, consumos problemáticos y suicidios.

La pregunta editorial es incómoda pero necesaria: ¿cuánto sufrimiento psíquico está dispuesta a tolerar una sociedad en nombre del equilibrio fiscal? Y sobre todo, ¿quién paga ese costo, que nunca aparece en las planillas del Ministerio de Economía?

La evidencia internacional: crisis y sufrimiento psíquico

La literatura académica sobre el tema es contundente. Los estudios sobre la crisis griega post-2010, publicados en revistas como The Lancet y BMJ, mostraron un aumento significativo de la prevalencia de depresión mayor y un incremento de los suicidios en paralelo a la implementación de los programas de austeridad impuestos por la troika. Algo similar se documentó en España, Portugal e Italia entre 2008 y 2014.

El mecanismo es conocido: cuando cae el ingreso real, cuando se pierde el empleo o se teme perderlo, cuando el Estado retira prestaciones —salud, medicamentos, cuidados—, se activan lo que la epidemiología social llama "determinantes sociales de la salud mental". No es debilidad individual: es una respuesta previsible de la subjetividad a condiciones materiales de vulneración.

En Argentina, la experiencia de 2001-2002 dejó marcas profundas que la salud pública documentó durante años. Los consultorios de los hospitales públicos se llenaron de cuadros de pánico, depresión y descompensaciones psiquiátricas asociadas a la pérdida abrupta de proyecto de vida. Aquella lección parece haberse olvidado, o peor, haberse decidido ignorar.

Argentina 2024-2025: los indicadores que preocupan

Si bien todavía falta información oficial consolidada del período reciente, hay señales que no se pueden desconocer. Según datos del INDEC, la pobreza trepó por encima del 50% en el primer semestre de 2024, con picos que no se veían desde comienzos de siglo. La caída del salario real de los trabajadores registrados fue de alrededor del 15% en los primeros meses del gobierno de Milei, y las jubilaciones perdieron poder adquisitivo de forma similar hasta la aplicación de la fórmula actualizada.

Este deterioro material no ocurre en el vacío. Se combina con:

• Aumento del endeudamiento familiar para consumos básicos (alimentos, servicios, medicamentos).
• Precarización laboral creciente y multiempleo como estrategia de supervivencia.
• Recorte real del presupuesto del Ministerio de Salud y desfinanciamiento de programas específicos de salud mental.
• Parálisis o desarticulación de dispositivos comunitarios que la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 había impulsado.
• Aumento del costo de la medicación psiquiátrica en un contexto de desregulación.

Los colegios profesionales de psicólogos de distintas provincias vienen advirtiendo un incremento de consultas por ansiedad, ataques de pánico y cuadros depresivos, sobre todo en franjas etarias jóvenes y en adultos mayores. Los profesionales del sistema público, sobrepasados, describen escenas de guardia que remiten a los peores momentos de la historia reciente.

El desfinanciamiento del sistema como agravante

Un ajuste que impacta sobre la salud mental sería grave incluso con un sistema sanitario robusto. En Argentina, el problema se potencia porque el propio sistema público —que es la red que contiene a quienes no tienen obra social ni prepaga— también está siendo ajustado. Hospitales nacionales con presupuestos licuados, programas de salud mental comunitaria virtualmente paralizados, becas de residencia congeladas, éxodo de profesionales al sector privado o al exterior.

Como analizamos en Salud pública y equidad social en Argentina: el Estado como garantía, el sistema sanitario público argentino tiene una tradición larga y valiosa que hoy está siendo desmantelada en nombre de la eficiencia. La paradoja es evidente: cuando más se necesita al Estado presente, más se lo retira.

En los barrios populares el efecto es todavía más visible. Los centros de atención primaria, que suelen ser la puerta de entrada al sistema para consultas de salud mental leve o moderada, funcionan con equipos incompletos y recursos que no alcanzan. Lo trabajamos en detalle en Salud pública en comunidades vulnerables, donde el Estado presente marca la diferencia entre poder sostener un tratamiento o abandonarlo.

Trabajo, deuda y subjetividad: el nudo del problema

Hay un mito instalado que dice que la salud mental es un asunto individual, del "mundo interno", del vínculo con uno mismo. Es una lectura funcional al ajuste: si el sufrimiento es individual, la respuesta también debe serlo (terapia paga, medicación, apps de mindfulness). Pero la evidencia clínica y epidemiológica muestra otra cosa: la mayor parte del sufrimiento psíquico contemporáneo se organiza alrededor del trabajo, el ingreso y la seguridad económica.

Cuando un trabajador ve caer su salario real mes a mes, cuando debe endeudarse con tarjeta para comer, cuando trabaja doce horas entre dos empleos precarizados, no está atravesando una "crisis personal": está siendo empujado a un régimen de vida que produce sufrimiento. La desregulación laboral que forma parte central del programa actual no es neutra respecto de la salud mental: la deteriora activamente.

A esto se suma la dimensión histórica de la deuda externa como condicionamiento estructural. Como planteamos en Deuda externa y políticas sociales, los acuerdos con el FMI históricamente han impuesto recortes en áreas sensibles como salud y educación. La salud mental es, en ese esquema, una variable de ajuste silenciosa, sin lobby propio, sin conferencia de prensa que la defienda.

Las respuestas que la historia argentina supo dar

No se trata de nostalgia ni de idealizar el pasado. Se trata de reconocer que Argentina construyó, en distintos momentos, herramientas concretas para hacerse cargo del sufrimiento psíquico colectivo. La Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010, es un hito internacional: propuso un abordaje comunitario, con base en derechos humanos, contra la lógica manicomial. Los dispositivos de externación asistida, las casas de medio camino, los equipos interdisciplinarios en atención primaria fueron parte de una política de Estado.

Esa arquitectura institucional necesita presupuesto, formación, articulación con universidades públicas y con los colegios profesionales. Necesita, sobre todo, decisión política. Cuando se recorta a la ANMAT, a los hospitales especializados como el Bonaparte, a los equipos de acompañamiento comunitario, no se recorta "gasto": se recortan trayectorias terapéuticas concretas de miles de personas.

Una política de salud mental digna de ese nombre supone al menos:

• Presupuesto real y sostenido para dispositivos comunitarios de salud mental.
• Regulación estatal del precio de la medicación psiquiátrica esencial.
• Fortalecimiento de la atención primaria como puerta de entrada.
• Programas específicos para poblaciones en mayor riesgo: jóvenes, adultos mayores, trabajadores desempleados.
• Articulación con políticas de ingresos, empleo y vivienda, porque sin piso material no hay salud mental posible.

Una discusión que no puede seguir postergándose

El debate público argentino tiende a organizar la discusión económica en términos de "equilibrio fiscal versus populismo", como si fueran las únicas opciones. Falta un tercer término: el costo humano, el costo sanitario, el costo subjetivo del ajuste. Ese costo existe, se mide, se documenta, y hoy lo están pagando millones de argentinos y argentinas en forma de angustia, insomnio, medicación creciente, tratamientos interrumpidos.

Hablar de las consecuencias del ajuste sobre la salud mental de la población no es hacer catastrofismo: es hacer política sanitaria seria. Es reconocer que la economía es un medio, no un fin, y que ninguna estabilización macroeconómica se sostiene si la sociedad que la soporta se rompe por dentro.

La tradición nacional y popular tiene algo para decir en este debate: que el Estado no es un obstáculo sino una herramienta, que los derechos sociales incluyen la salud mental, y que ninguna variable fiscal justifica el sufrimiento evitable. Retomar esa perspectiva no es volver al pasado, es construir el futuro que la coyuntura actual pretende clausurar.