Extranjerización de tierras: el rechazo que dejó al país sin soberanía territorial

Por qué se rechazó fortalecer la ley de tierras y qué grupos bloquearon la soberanía territorial

El fortalecimiento de la Ley 26.737 fue bloqueado por una alianza entre cámaras del agronegocio (Sociedad Rural, CRA), estudios jurídicos vinculados a grandes propietarios y presión diplomática estadounidense documentada en cables de la embajada. El decreto 820/2016 de Macri vació la norma flexibilizando qué se considera sociedad extranjera, y Milei profundizó esa lógica desregulando el Registro Nacional de Tierras Rurales en 2024. Como resultado, al menos 5,8 millones de hectáreas están hoy bajo control foráneo, según el último informe oficial del Registro.

La ley que Cristina firmó y el establishment nunca perdonó

En diciembre de 2011, el Congreso sancionó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la norma fijó tres candados: un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal; un límite de 1.000 hectáreas por titular foráneo en la zona núcleo; y la prohibición de que capitales extranjeros sean dueños de tierras que contengan cuerpos de agua permanentes.

La ley creó además el Registro Nacional de Tierras Rurales, que por primera vez permitió al Estado saber quién era dueño de qué. Antes de 2011, la información sobre propiedad extranjera era literalmente una caja negra: se manejaban estimaciones que iban desde 10 hasta 17 millones de hectáreas, según quién publicara el informe.

El relevamiento oficial, publicado por el Ministerio de Justicia, arrojó una cifra concreta: 5,89 millones de hectáreas en manos extranjeras al momento del cierre inicial, equivalente al 6,14% del territorio rural nacional. Muy por debajo del techo del 15%, sí, pero con concentración brutal en zonas estratégicas: Patagonia, litoral y áreas de frontera.

Quiénes son los dueños extranjeros del suelo argentino

Los números del Registro y de investigaciones periodísticas complementarias muestran una foto que el discurso libertario prefiere ignorar. Entre los mayores propietarios extranjeros aparecen:

• Benetton (Italia): alrededor de 900.000 hectáreas en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Buenos Aires.
• Joe Lewis (Reino Unido): más de 12.000 hectáreas en Río Negro, incluyendo el acceso privatizado al Lago Escondido.
• Ted Turner (EE.UU.): decenas de miles de hectáreas en Neuquén, Tierra del Fuego y Corrientes.
• Grupo Amalgamated Sugar / Pino y fondos de inversión estadounidenses con presencia en el norte productivo.
• Capitales chinos y catarí con inversiones crecientes en soja y minería asociada a la tierra.

La concentración no es solo un problema estadístico: es soberanía. Cuando un ciudadano no puede acceder a un lago porque un magnate extranjero cerró el camino público, cuando la exportación de granos la deciden fondos que cotizan en Wall Street, cuando el uso del agua lo define una consultora en Londres, hablar de "país libre" es una ficción. El mismo entramado que denunciamos en Correa y Almada en dólares: quién paga la fiesta del fútbol-empresa se replica en el campo: capital concentrado que fija reglas mientras el Estado se retira.

Macri y el vaciamiento por decreto: cómo se rompió la ley sin tocarla

El 30 de junio de 2016, con Mauricio Macri en la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo firmó el Decreto 820/2016. No derogó la Ley 26.737 —hubiera necesitado el Congreso— pero le sacó los dientes por vía reglamentaria.

Los cambios clave:

• Redefinió qué es "sociedad extranjera": antes bastaba con que el 25% del capital fuera foráneo para caer bajo la ley. Con el decreto, ese umbral subió al 51%, dejando fuera del control a miles de sociedades con control efectivo extranjero pero minoría formal.
• Excluyó tierras urbanas y suburbanas del cómputo, aunque muchas de esas tierras periurbanas son productivas.
• Simplificó los trámites de verificación al punto de tornarlos declarativos.

La jugada fue quirúrgica. No hubo debate parlamentario, no hubo cobertura mediática masiva, no hubo audiencia pública. La cámara de la Sociedad Rural celebró la medida como "un paso hacia la normalización de las inversiones". Página/12 y Ámbito documentaron en su momento el lobby directo de estudios jurídicos como Marval O'Farrell Mairal, que representaban a compradores foráneos frenados por la ley.

Milei y el DNU 70: la desregulación como doctrina

El 20 de diciembre de 2023, a diez días de asumir, Javier Milei firmó el DNU 70/2023 de "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina". El decreto de 366 artículos derogó o modificó cientos de normas, entre ellas afectó indirectamente los mecanismos de control del Registro Nacional de Tierras Rurales al desfinanciar y reestructurar organismos.

En paralelo, la Ley Bases (Ley 27.742), sancionada en junio de 2024 tras arduas negociaciones, incluyó el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). El RIGI otorga a inversiones extranjeras superiores a 200 millones de dólares beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros por 30 años, y estabilidad regulatoria blindada. En la práctica, un fondo extranjero que compre tierras a través de un vehículo RIGI queda por encima de futuros gobiernos que quieran restablecer controles.

Esta lógica —el Estado renunciando a regular en nombre del "clima de negocios"— es la misma que analizamos en Desregulación laboral en Argentina: quién paga el costo del ajuste y en Impacto de la desregulación en el acceso a la salud: un sistema fracturado. La tierra, el trabajo, la salud: tres frentes donde el gobierno actual retira al Estado como árbitro y deja al capital concentrado imponer sus reglas.

Los bloqueadores: quién frenó cada intento de fortalecer la ley

Desde 2013, hubo al menos cinco proyectos parlamentarios para endurecer la Ley 26.737: bajar el techo del 15% al 10%, incluir explícitamente los cuerpos de agua glaciarios, extender los controles a compras vía sociedades interpuestas. Ninguno prosperó.

Los actores que operaron sistemáticamente contra estos proyectos incluyen:

• Sociedad Rural Argentina y CRA: presentaron dictámenes técnicos advirtiendo sobre "desincentivos a la inversión" y coordinaron con bloques del PRO y la UCR.
• Cámara de la Industria Aceitera (CIARA): aunque no compra tierra directamente, defendió el modelo de agronegocio integrado con capital extranjero.
• Embajada de Estados Unidos: los cables de WikiLeaks liberados entre 2011 y 2013 mostraron que durante el debate de la ley original, diplomáticos estadounidenses se reunieron con legisladores y funcionarios para expresar "preocupación" por posibles restricciones a inversores de su país.
• Estudios jurídicos y consultoras: firmas grandes de Buenos Aires organizaron seminarios y publicaron artículos técnicos presentando la ley como inconstitucional o inconveniente.

La combinación de lobby empresario doméstico, presión diplomática externa y desinterés mediático hizo que cada intento se muriera en comisión. Este patrón lo describimos también al analizar Deuda externa y políticas sociales: cómo el FMI condiciona el bienestar argentino: siempre son los mismos sectores, con los mismos argumentos, defendiendo los mismos intereses.

Por qué esto también es una discusión de salud pública

Puede parecer un salto conceptual, pero no lo es. La extranjerización de tierras impacta directamente en la salud de las comunidades. En zonas donde grandes propietarios foráneos controlan cuencas hídricas, el acceso al agua potable de poblaciones rurales se ve amenazado. Donde se implantan monocultivos transgénicos con paquetes de agrotóxicos, aumentan las tasas de cáncer, malformaciones congénitas y enfermedades respiratorias, como documentó la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

El territorio no es una abstracción jurídica: es donde se toma agua, donde se produce el alimento que llega a los comedores, donde viven las comunidades originarias con sus sistemas de salud propios. Cuando el Estado renuncia a regular quién es dueño de esas tierras, también renuncia a garantizar el derecho a la salud consagrado constitucionalmente. Lo abordamos en profundidad en Salud pública y equidad social en Argentina: el Estado como garantía.

Recuperar la soberanía territorial no es un capricho nacionalista de manual: es la condición material para que existan políticas públicas de salud, ambiente y desarrollo autónomo. Sin control sobre el suelo, la soberanía sanitaria y alimentaria son consignas huecas.

Qué hacer: el debate que el kirchnerismo dejó abierto

Restablecer y ampliar la Ley 26.737 implica al menos cuatro medidas concretas. Primero, derogar el Decreto 820/2016 y volver al umbral original del 25% para definir sociedad extranjera. Segundo, incorporar explícitamente los cuerpos de agua —incluidos glaciares y humedales— como bienes no enajenables a capitales foráneos. Tercero, dotar al Registro Nacional de Tierras Rurales de presupuesto, personal técnico y capacidad de auditoría real. Cuarto, revisar el RIGI para excluir explícitamente la propiedad de tierra rural de sus beneficios.

Es un programa mínimo, no maximalista. No propone expropiaciones ni rupturas dramáticas: propone que el Estado argentino sepa quién es dueño de su territorio y pueda decidir en función del interés colectivo. Que en 2024 tengamos que discutir esto como una utopía habla del retroceso de estos años.