Endeudamiento externo y dependencia financiera con Milei: la trampa

Cómo profundizó Milei el endeudamiento externo y qué condicionalidades impuso el FMI sobre el gasto social

Durante 2024 el gobierno de Javier Milei renegoció con el FMI en el marco del acuerdo heredado de 2022 (por unos USD 44.000 millones) y avanzó en 2025 hacia un nuevo programa que sumaría desembolsos frescos por USD 20.000 millones. Las condicionalidades exigen superávit primario, recorte real del gasto en salud y jubilaciones, y desregulación de sectores estratégicos, según los propios staff reports publicados por el organismo.

La promesa del 'orden fiscal' y la realidad del rojo externo

La campaña de La Libertad Avanza se sostuvo sobre una consigna repetida hasta el hartazgo: terminar con el déficit, dejar de emitir, cortar con el 'curro' del Estado. A un año de gestión, el propio Ministerio de Economía muestra superávit financiero del orden del 0,3% del PBI en 2024, celebrado como hazaña histórica. Pero cuando se abre la letra chica, la ecuación se cae.

Ese superávit se consiguió licuando jubilaciones (la fórmula previsional perdió contra la inflación acumulada del primer semestre), frenando obra pública casi por completo y recortando transferencias a provincias. Nada de eso es reforma estructural: es contabilidad de shock. Y mientras tanto, la deuda pública bruta cerró 2024 en torno a los USD 466.686 millones según datos de la Secretaría de Finanzas, un salto significativo respecto de diciembre 2023.

El 'orden fiscal' que se vende como epopeya libertaria convive con un stock de deuda que crece y con una economía que necesita dólares que no genera. La pregunta incómoda: ¿de dónde salen esos dólares? La respuesta viene con sello del Fondo.

El FMI, otra vez en la puerta

El acuerdo firmado por Mauricio Macri en 2018 y renegociado por Martín Guzmán en 2022 sigue siendo la columna vertebral de la relación con el organismo: USD 44.000 millones que Argentina paga con vencimientos escalonados hasta la próxima década. Sobre esa herencia, el equipo económico de Luis Caputo negoció durante 2024 y 2025 un nuevo Extended Fund Facility.

Según trascendió del propio Ministerio de Economía y confirmaron misiones técnicas del FMI, el nuevo programa contemplaría desembolsos por hasta USD 20.000 millones, con desembolso inicial fuerte para recomponer reservas del BCRA. La contrapartida no es gratuita. Los staff reports del organismo, publicados en su sitio oficial, listan compromisos concretos:

• Sostener superávit primario de al menos 1,3% del PBI en 2025.
• Acumulación de reservas internacionales netas por márgenes trimestrales.
• Reforma previsional 'sostenible' (léase: recorte).
• Avance en desregulación laboral y apertura comercial.
• Retiro gradual del cepo cambiario coordinado con el Fondo.

No es una lista técnica: es un programa de gobierno tercerizado. Como venimos analizando en Deuda externa y políticas sociales, cada dólar que entra por Washington sale como recorte por el mostrador del hospital público.

Adónde va el crédito: no es a la fábrica ni al hospital

Uno de los mitos que sostiene el relato oficial es que el endeudamiento sirve para 'estabilizar'. Pero estabilizar, en la práctica, significa pagarle a los acreedores anteriores y sostener la bicicleta financiera del carry trade. El crédito del FMI no financia una vacuna, ni una sala de terapia intensiva, ni un plan de detección temprana de cáncer.

Mientras se negocian miles de millones de dólares con Washington, el gasto real en salud cayó 27,7% interanual en 2024 según relevamientos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Los hospitales nacionales —Garrahan, Posadas, Bonaparte— enfrentan crisis salariales, éxodo de profesionales y falta de insumos. El Ministerio de Salud fue degradado a Secretaría y su presupuesto ejecutado se derrumbó en términos reales.

La ecuación es cristalina: se endeudan afuera para pagar deuda vieja y sostener el dólar planchado, y ajustan adentro sobre los pibes con cáncer, sobre los jubilados que compran medicamentos partidos al medio, sobre los trabajadores de la salud que se van del sistema público. Ya lo abordamos en Impacto de la desregulación en el acceso a la salud: no es un daño colateral, es el diseño.

La condicionalidad como política sanitaria de hecho

El FMI no dicta explícitamente cuánto se le paga al residente del Garrahan. Pero fija metas de superávit y de reducción de gasto primario que, en un país donde salud, educación y jubilaciones concentran buena parte del presupuesto, se traducen automáticamente en tijera sobre esas áreas.

Es lo que Eduardo Basualdo y Andrés Wainer describieron hace años como 'valorización financiera con costo social': el circuito de endeudamiento externo funciona porque hay un ajuste doméstico que garantiza el pago. La deuda no es un problema técnico, es una relación de poder. Y en esa relación, la salud pública es variable de ajuste.

Cuando desde el oficialismo se dice que 'no hay plata', lo que en realidad se dice es que la plata se va a otro lado: a servicios de deuda, a sostener el crawling peg, a garantizar rentabilidad en pesos convertibles a dólares para fondos especulativos. Como bien señaló Axel Kicillof en varias intervenciones recientes, se trata de una decisión política, no de una restricción física.

El costo humano: la salud como derecho degradado

Detrás de los números macro hay historias concretas. Familias que viajan desde el interior a Buenos Aires para tratamientos oncológicos y se encuentran con turnos postergados. Pacientes con enfermedades poco frecuentes que perdieron cobertura por la desregulación de precios de medicamentos. Trabajadoras de la salud que hacen dos guardias seguidas porque no hay reemplazo.

La salud pública como equidad social no es una consigna abstracta: es la diferencia entre llegar a tiempo o no llegar. Y esa diferencia hoy la marca, en gran medida, un memorándum de entendimiento firmado con un organismo que nunca puso un peso para construir un hospital.

El vínculo entre ajuste y deterioro sanitario también aparece en dimensiones menos visibles. Un informe reciente que analizamos en Ajuste económico y salud mental muestra cómo la crisis económica sostenida dispara consultas por ansiedad, depresión y consumo problemático. La deuda no aprieta solo el bolsillo: se mete en el cuerpo.

Salidas posibles: la discusión que no se da

Discutir el endeudamiento no es negar la macroeconomía. Es preguntarse quién paga, para qué y bajo qué condiciones. Argentina tiene antecedentes de renegociaciones duras (la reestructuración de 2005, la quita de Kirchner con los bonistas) que demostraron que la soberanía en la mesa de negociación importa.

Hoy la discusión pública está clausurada. Los medios hegemónicos celebran cada desembolso como si fuera una inversión. La oposición dialoguista acompaña. Y las voces que plantean auditoría de la deuda —como propusieron en su momento Alejandro Olmos Gaona o el propio bloque de UP en el Congreso— son marginalizadas.

Sin embargo, la agenda existe: revisión del acuerdo con el FMI, investigación sobre el destino de los fondos ingresados desde 2018, priorización presupuestaria de salud, educación y ciencia. Es lo mínimo si se quiere que 'orden fiscal' signifique algo más que un eslogan que se cobra en camas de hospital cerradas. Como ya discutimos en Soberanía económica y pandemia, no hay política sanitaria posible sin soberanía sobre las cuentas nacionales.

Mientras tanto, la espiral sigue. Y cada dólar que llega desde Washington es un turno menos en un hospital argentino.