Soberanía económica y pandemia en Argentina: lecciones de una crisis

Una pandemia que desnudó al mercado

Cuando en marzo de 2020 se declaró el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la Argentina no enfrentaba solamente un virus. Enfrentaba también los efectos acumulados de cuatro años de endeudamiento récord con el FMI, un sistema de salud fragmentado y una economía en recesión. La discusión sobre soberanía económica en el contexto de la pandemia en Argentina dejó de ser un debate académico: pasó a definir, en cuestión de semanas, si el Estado podía comprar respiradores, sostener salarios o negociar vacunas frente a un mercado global roto.

El relato liberal —el que insiste en que "el mercado asigna eficientemente"— se estrelló contra la realidad. Países centrales incautaron cargamentos de barbijos en pistas ajenas, laboratorios privados priorizaron a quien pagaba en dólares y las cadenas globales de valor mostraron su costado más brutal. Como recordó Axel Kicillof en varias intervenciones públicas, la pandemia fue una demostración empírica de que sin capacidad estatal de intervención, un país queda a merced de decisiones tomadas en otras latitudes.

Ese punto de partida es clave: no se trató de una elección ideológica sino de una necesidad material. El Estado tuvo que producir, coordinar, subsidiar y negociar. Todo lo que la doctrina del ajuste había desmantelado durante años, debió reconstruirse a los tumbos y en tiempo récord.

El IFE y el ATP: sostener el ingreso o mirar el derrumbe

La herramienta más visible de esa reconstrucción fue la política de transferencias. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanzó, según datos oficiales publicados por ANSES, a cerca de 9 millones de personas —una cifra que sorprendió incluso al propio gobierno y que reveló la magnitud del universo informal y precarizado que la ortodoxia prefería ignorar. El Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) cubrió, en sus distintas etapas, salarios de millones de trabajadores registrados del sector privado.

Se puede discutir la eficiencia, los montos, la implementación. Lo que no se puede discutir es la lógica: sin un Estado con capacidad fiscal y decisión política, el escenario habría sido una catástrofe social equivalente a la sanitaria. Basta comparar con lo que ocurrió en países donde la respuesta fue tímida o inexistente, y donde los indicadores de pobreza y hambre se dispararon sin red.

Esta discusión conecta directamente con debates actuales sobre desregulación laboral en Argentina y sobre cómo el ajuste empuja a las familias a refinanciar deudas. Cuando el Estado se retira, quien queda al frente del riesgo es siempre el trabajador, nunca el capital concentrado.

Salud pública: el activo estratégico que la ortodoxia detesta

La pandemia obligó a redescubrir algo que muchos habían olvidado: el sistema público de salud, con todas sus deficiencias, fue el que sostuvo el país. Hospitales provinciales, residentes precarizados, trabajadoras y trabajadores de la salud sin insumos suficientes fueron la trinchera real. El sector privado, por definición, no está preparado para pandemias: no puede haber lógica de rentabilidad en una terapia intensiva colapsada.

En cuestión de meses el Estado nacional coordinó la ampliación de camas de terapia, la fabricación local de respiradores —una historia que involucró a empresas como Tecme en Córdoba— y la reconversión de plantas textiles para producir barbijos e insumos. Fue una demostración concreta de política industrial soberana aplicada a la emergencia. Como analizamos en Salud pública y equidad social, la salud como derecho requiere un Estado que pueda producir, no solo comprar.

El contraste con la lógica actual es brutal. Cuando el discurso oficial pide "achicar el Estado", lo que en realidad se propone es debilitar la capacidad de respuesta ante la próxima crisis. Y las crisis, sanitarias o económicas, siempre vuelven.

Vacunas: geopolítica pura

Pocas discusiones ilustraron mejor la cuestión soberana que la de las vacunas. Mientras la Unión Europea y Estados Unidos acaparaban dosis con contratos millonarios, Argentina tuvo que moverse en varios frentes: negociar con Rusia por la Sputnik V, con AstraZeneca y su producción parcial en el país junto a mAbxience, con Sinopharm, con el mecanismo COVAX. No fue prolijo ni lineal, pero fue posible porque hubo diplomacia sanitaria activa y decisión política de no atarse a un solo proveedor.

Algunos datos que vale ordenar:

• Argentina fue uno de los primeros países de la región en iniciar la campaña de vacunación, en diciembre de 2020.
• La producción del principio activo de AstraZeneca se realizó en el país, para abastecer a América Latina.
• Hacia fines de 2021, según datos del Ministerio de Salud, más del 70% de la población tenía al menos una dosis.

Nada de esto ocurrió por generación espontánea. Ocurrió porque hubo un Estado que negoció, arriesgó políticamente y sostuvo la campaña. Un país sin soberanía sanitaria —sin ANMAT, sin capacidad regulatoria propia, sin laboratorios estatales— habría dependido enteramente de lo que dispusieran las casas matrices en Basilea o Nueva York.

La restricción externa, otra vez en el centro

Ahora bien, ninguna política soberana se sostiene sin divisas. Y acá aparece el nudo estructural argentino: la restricción externa. La pandemia agravó un problema que ya venía de la herencia macrista: una deuda con el FMI de 44.000 millones de dólares tomada en 2018, en la operación de crédito más grande de la historia del organismo, según sus propios registros.

Coordinar una respuesta sanitaria con semejante mochila fue una proeza. El gobierno tuvo que renegociar con acreedores privados (canje 2020) y con el FMI en simultáneo mientras compraba vacunas, sostenía el IFE y financiaba el sistema de salud. Como venimos analizando en Deuda externa y políticas sociales, cada dólar destinado a pagar intereses es un dólar que no financia salud, ciencia o producción local.

Esta es la trampa que la ortodoxia nunca quiere nombrar: primero endeudan al país en niveles insostenibles, después exigen ajuste "porque no hay plata". La secuencia se repite desde Martínez de Hoz y merece ser estudiada, como propone Eduardo Basualdo en sus trabajos sobre valorización financiera.

Ciencia, tecnología y producción nacional

Uno de los capítulos menos visibilizados de la respuesta pandémica fue el rol del sistema científico-tecnológico argentino. CONICET, universidades públicas e INTA desarrollaron tests diagnósticos propios (el kit NEOKIT-COVID-19), suero equino hiperinmune, barbijos con propiedades antivirales, análisis genómicos. Nada de esto es folklore: es infraestructura soberana.

El Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) y las agencias de ciencia canalizaron financiamiento para estos desarrollos. Fue política industrial y sanitaria en simultáneo. Se puede debatir la escala, la eficiencia, la capacidad de llegar al mercado. Lo que no se puede negar es que existió una red pública capaz de responder, y que esa red se construye con décadas de inversión sostenida —no con motosierras.

Hoy, cuando se recortan salarios de investigadores, se paraliza la obra pública en universidades y se desfinancian institutos de investigación, se está tomando una decisión estratégica: la de renunciar a esa capacidad soberana para la próxima crisis. Y renunciar es siempre más rápido que reconstruir.

Lecciones para el presente

¿Qué queda de todo esto cuando el péndulo político volvió a girar hacia el ajuste y la desregulación? Queda, sobre todo, una evidencia empírica difícil de refutar: en la peor crisis sanitaria en un siglo, lo que funcionó fue el Estado. Imperfecto, sobreexigido, mal financiado, pero presente.

Algunos puntos para retener:

• La soberanía económica no es un eslogan: es la capacidad concreta de decidir sobre recursos, producción y prioridades cuando la situación aprieta.
• La política sanitaria depende de la política macroeconómica. Sin dólares, sin capacidad fiscal, sin industria local, no hay respuesta posible.
• Desmantelar capacidades estatales durante los períodos de calma es garantizar la catástrofe durante los períodos de crisis.

Cuando se discuten hoy los recortes en salud, ciencia y producción, no se discute solo el presente. Se discute la capacidad del país para enfrentar lo que venga: otra pandemia, otra crisis climática, otro shock financiero global. La historia reciente enseña que la soberanía económica no se improvisa el día que hace falta. O se construye antes, o no está cuando se la necesita.