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Familias al límite: el ajuste de Milei las empuja a refinanciar deudas

Familias al límite: el ajuste de Milei las empuja a refinanciar deudas
Familias al límite: el ajuste de Milei las empuja a refinanciar deudas

Un récord que no es para festejar

Cuando el Banco Central publica una serie histórica y un indicador toca su piso o su techo, conviene preguntarse qué hay detrás del número. Según Clarín Economía, el 3,2% de todo el saldo prestado por bancos a hogares entró en refinanciación durante el último período relevado, el doble que en octubre y el porcentaje más alto en toda la historia de la serie. Las entidades públicas, mientras tanto, salieron a ofrecer campañas para renegociar saldos de tarjetas y créditos al consumo, como si la solución fuera administrar mejor la deuda y no preguntarse por qué la deuda existe.

Eso es exactamente lo que este gobierno no quiere que nos preguntemos.

El ajuste tiene nombre y apellido: las familias trabajadoras

El relato oficial construye una épica del equilibrio fiscal. El superávit es la bandera, el FMI es el árbitro, y la inflación bajando es la promesa cumplida. Pero los datos del BCRA cuentan otra historia: una en la que los hogares argentinos llegaron a fin de mes usando la tarjeta, y ahora no pueden pagar ni la cuota mínima. La refinanciación masiva no es un fenómeno espontáneo ni una decisión racional de los consumidores. Es la consecuencia directa de salarios reales que todavía no recuperaron lo perdido en 2024, de tarifas que se dispararon sin compensación para los sectores medios y bajos, y de un crédito que se reactivó no porque la economía mejore sino porque la gente necesita endeudarse para llegar a fin de mes.

Duplicar en pocos meses el porcentaje de préstamos en dificultades no es una anomalía estadística. Es el termómetro de una sociedad bajo presión.

El Estado que abandona y el banco que espera

Hay algo profundamente político en la imagen de las entidades públicas lanzando campañas de renegociación de deuda. El Banco Nación, el Banco Provincia, los bancos públicos provinciales: todos saliendo a ofrecer cuotas más largas y tasas más bajas para que las familias no caigan en mora. Es, en cierto sentido, una respuesta. Pero es la respuesta equivocada a la pregunta equivocada.

La pregunta correcta no es cómo refinanciar la deuda de las familias. La pregunta correcta es por qué las familias se endeudaron de esa manera. Y la respuesta tiene que ver con decisiones de política económica que este gobierno tomó conscientemente: desregulación del mercado de crédito, retiro del Estado como regulador activo de tasas al consumo, licuación del salario real como mecanismo de ajuste, desfinanciamiento de programas sociales. Cuando el Estado se retira de su rol protector, el mercado financiero ocupa ese espacio. Y el mercado financiero no tiene vocación distributiva.

El peronismo siempre entendió esto. La diferencia entre un Estado que protege y un mercado que especula no es ideológica en abstracto: se mide en el bolsillo de una familia de Lanús que no puede pagar la tarjeta.

Crédito como trampa, no como herramienta

Uno de los grandes debates de la economía política argentina es el rol del crédito al consumo. En una economía con mercado interno fuerte, el crédito puede ser una herramienta de inclusión: permite adelantar consumo, sostener la demanda, democratizar el acceso a bienes durables. Así lo entendió el kirchnerismo cuando impulsó el PROCREAR, el crédito subsidiado para vivienda, o las líneas del Banco Nación para pymes y familias con tasas reguladas.

Pero el crédito también puede ser una trampa. Cuando los salarios caen y los precios suben, la tarjeta deja de ser un instrumento de planificación familiar y se convierte en un salvavidas de plomo: permite llegar al mes siguiente, pero acumula un saldo que después no se puede pagar. Eso es exactamente lo que refleja el dato del BCRA. No es que las familias argentinas de repente se volvieron irresponsables con sus finanzas. Es que el modelo económico vigente las puso en una situación en la que el endeudamiento es la única salida disponible.

Y cuando la deuda se hace impagable, el sistema ofrece más deuda, con otro plazo. La rueda gira, pero el agujero se hace más profundo.

El campo popular tiene que nombrar esto

Hay una responsabilidad política que el espacio nacional y popular no puede eludir: la de nombrar con precisión lo que está pasando. No alcanza con decir que el ajuste duele. Hay que mostrar dónde duele, cómo duele, y a quién beneficia ese dolor.

El récord de refinanciaciones bancarias es un dato que el gobierno va a intentar minimizar o ignorar. La narrativa oficial prefiere hablar de la baja de la inflación mensual, de la recuperación de reservas, del riesgo país cayendo. Todos esos indicadores existen y tienen su lógica. Pero ninguno de ellos llega a la mesa de una familia que está negociando con el banco cómo pagar la deuda de la tarjeta.

El campo popular tiene que articular una respuesta que no sea solo denuncia. Tiene que proponer: regulación de tasas al consumo, fortalecimiento del crédito público subsidiado, recuperación del salario real como política de Estado, y un sistema financiero al servicio de la producción y el trabajo, no de la especulación. Esas no son consignas: son políticas concretas que tuvieron vigencia en Argentina y que produjeron resultados medibles en términos de bienestar.

Conclusión que no cierra, porque el problema sigue abierto

El 3,2% de refinanciaciones sobre el total del crédito a hogares es el porcentaje más alto de la historia. Eso lo dice el BCRA, no la oposición. Que se haya duplicado en pocos meses dice algo sobre la velocidad con que se deteriora la situación de las familias trabajadoras argentinas bajo este modelo.

Lo que ese número no dice, pero que nosotros sí podemos decir, es que esto no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas. Y las decisiones políticas se pueden cambiar. Para eso hace falta un campo popular organizado, con propuestas claras, capaz de traducir el sufrimiento cotidiano en programa de gobierno. Ese es el desafío. Y la urgencia es ahora.

Fuentes citadas

  1. Clarín Economía — Deudas familiares: récord de refinanciaciones — Fuente original de los datos del BCRA sobre refinanciaciones de préstamos a hogares, publicada el 10 de julio de 2026.
  2. BCRA — Informe sobre Bancos — Publicación oficial del Banco Central de la República Argentina con datos sobre el sistema financiero, incluyendo calidad de cartera y refinanciaciones.
  3. INDEC — Canasta Básica Total e indicadores de pobreza — Datos oficiales del INDEC sobre evolución del poder adquisitivo y condiciones de vida de los hogares argentinos, contexto necesario para interpretar el aumento del estrés financiero familiar.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que un préstamo entre en refinanciación?
Significa que el deudor —en este caso una familia— no puede pagar el crédito en las condiciones originales y acuerda con el banco nuevas condiciones: más plazo, tasa más baja, o ambas. Es un indicador de estrés financiero de los hogares.
¿Por qué el 3,2% es un récord preocupante?
Porque es el porcentaje más alto en toda la serie histórica relevada por el BCRA, y porque se duplicó respecto de octubre. Eso indica que el deterioro es reciente, acelerado, y coincide con las políticas de ajuste implementadas desde diciembre de 2023.
¿Qué rol deberían tener los bancos públicos en esta situación?
Desde una perspectiva nacional y popular, los bancos públicos deberían actuar como herramientas de política económica: ofrecer crédito subsidiado, regular tasas al consumo, y proteger a los sectores más vulnerables. No alcanza con campañas de refinanciación reactivas.
¿Hubo situaciones similares en gobiernos anteriores?
En contextos de crisis como 2001-2002 o la pandemia de 2020 hubo tensiones en el crédito al consumo, pero en ambos casos el Estado intervino con herramientas activas de contención. La diferencia es que el gobierno actual no contempla ese tipo de intervención como parte de su modelo.
¿Qué políticas concretas podrían revertir esta tendencia?
Regulación de tasas máximas al consumo, expansión del crédito público subsidiado, recuperación del salario real mediante paritarias libres y políticas de ingresos, y fortalecimiento de los programas de asistencia social para evitar que las familias lleguen al crédito como último recurso.