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Correa y Almada en dólares: quién paga la fiesta del fútbol-empresa

Correa y Almada en dólares: quién paga la fiesta del fútbol-empresa
Correa y Almada en dólares: quién paga la fiesta del fútbol-empresa

El mercado de pases como radiografía económica

La noticia es, en apariencia, deportiva: el técnico Eduardo "Chacho" Coudet trabaja en Buenos Aires tras la pretemporada en Alicante, diseña el equipo ideal y espera refuerzos. Según Clarín, River negocia la llegada de Ángel Correa —delantero del Atlético de Madrid— y Thiago Almada, dos incorporaciones de talla internacional que podrían redefinir el esquema táctico del equipo. El dato futbolístico es real. Pero detrás de cada negociación de ese calibre hay una arquitectura económica que merece análisis, no solo entusiasmo de hinchas.

Un pase internacional de jugadores de ese nivel mueve cifras que en cualquier otro sector productivo se llamarían inversión extranjera directa. La diferencia es que aquí los dólares no van a una fábrica, no generan empleo formal en cadena, no traccionan proveedores locales. Van a cuentas bancarias en el exterior, a intermediarios con residencia fiscal en paraísos tributarios, a representantes que cobran en moneda dura mientras el trabajador de la popular sigue pagando la entrada en pesos que se licúan mes a mes.

La dolarización del ocio en tiempos de ajuste

En la Argentina de 2025-2026, con el tipo de cambio liberalizado y el salario real todavía por debajo de los niveles de 2017 según datos del INDEC, el acceso al fútbol de primera división se volvió un lujo estratificado. Las entradas para ver a River en el Monumental superan ampliamente el valor de la canasta básica alimentaria para una persona adulta. El abono anual equivale a semanas de trabajo de un empleado del sector informal, que representa más del 40% de la fuerza laboral argentina.

Esta no es una crítica al club como institución ni a sus hinchas —que son trabajadores en su inmensa mayoría—. Es una crítica al modelo. El fútbol-empresa, en su versión más desarrollada, funciona como cualquier otro sector concentrado de la economía: privatiza ganancias, socializa costos y externaliza riesgos. Los costos de seguridad en los estadios los paga el Estado —es decir, todos nosotros—. La infraestructura vial, el transporte público que lleva a la gente al estadio, los hospitales que atienden incidentes: todo eso es gasto público. La rentabilidad, en cambio, se acumula en pocas manos.

Almada, Correa y el circuito de la fuga

Thiago Almada es un caso interesante para el análisis estructuralista. Formado en las inferiores argentinas —Vélez, para ser precisos—, su carrera se desarrolló en la MLS y ahora podría volver al país. Cuando un jugador de esas características regresa, lo hace a un precio de mercado internacional, en dólares, con cláusulas de rescisión que garantizan la salida de capitales en caso de una oferta superadora del exterior. El club local no retiene valor: lo alquila temporariamente.

Este mecanismo es lo que Eduardo Basualdo y otros economistas del estructuralismo argentino llamarían valorización financiera aplicada al sector deportivo: el activo —el jugador— se aprecia, pero esa apreciación no se derrama hacia abajo. No mejora las condiciones de los juveniles que entrenan en tierra, no financia las ligas del ascenso, no construye canchas en los barrios populares donde se forman los futuros Almadas.

Ángel Correa, por su parte, lleva más de una década en Europa. Su eventual retorno sería un fenómeno mediático de primer orden. Pero el impacto económico real para la Argentina profunda sería marginal: algunos puntos de rating, algo de consumo en merchandising, y la perpetuación del relato de que el fútbol grande es el único que cuenta.

El Estado ausente donde debería estar presente

Desde una perspectiva heterodoxa, la pregunta no es si River puede pagar a Correa o Almada. La pregunta es qué hace el Estado con el ecosistema deportivo en su conjunto. En Argentina, el fútbol infantil y juvenil de los clubes de barrio —que son los verdaderos semilleros— sobrevive con cuotas sociales que no alcanzan, subsidios municipales discontinuos y la voluntad militante de dirigentes que trabajan ad honorem.

Mientras tanto, los grandes clubes —que facturan como empresas medianas— siguen operando bajo figuras jurídicas que les permiten beneficios impositivos propios de las asociaciones civiles sin fines de lucro. La discusión sobre el modelo de clubes-empresa que impulsó la gestión de Macri nunca se cerró del todo, y en el contexto de desregulación actual vuelve a asomar. Axel Kicillof lo planteó con claridad en distintas oportunidades: el Estado no puede retirarse de los espacios donde se define la vida cotidiana de la gente, y el deporte es uno de ellos.

Una política deportiva soberana implicaría, como mínimo: paritarias para los trabajadores del fútbol amateur y semi-profesional, inversión pública en infraestructura de clubes de barrio, retención de un porcentaje de las transferencias internacionales para financiar el deporte social, y regulación de los contratos de televisación para garantizar acceso libre a los partidos de la selección y las finales de los torneos nacionales.

El fútbol como espejo de la distribución

Hay algo profundamente revelador en que la noticia deportiva del día sea cuántos millones de dólares puede movilizar River para traer dos jugadores, en el mismo país donde el salario mínimo no cubre la canasta básica total y donde el empleo industrial viene cayendo desde 2018 con recuperaciones parciales e insuficientes.

No se trata de envidia ni de igualitarismo mal entendido. Se trata de proporciones. La economía del fútbol-espectáculo es funcional a un modelo de acumulación que concentra hacia arriba y fragmenta hacia abajo. Los pibes que sueñan con ser Almada entrenan en potreros sin vestuario, viajan dos horas en colectivo para llegar a una práctica y trabajan en negro para pagarse los botines. Esa es la base de la pirámide que sostiene el glamour de las negociaciones millonarias.

Desde Voces del Pueblo no pedimos que River no contrate jugadores de calidad. Pedimos que el debate público incluya la pregunta que los grandes medios evitan: ¿qué modelo de fútbol —y de país— queremos construir? Uno donde el deporte sea un derecho popular efectivo, con infraestructura, acceso y distribución justa de los recursos que genera, o uno donde el espectáculo de élite fagocite todo el oxígeno mientras los clubes de barrio cierran por falta de presupuesto.

El equipo ideal de Coudet es un buen tema de conversación un domingo. La economía política del fútbol argentino es el tema de fondo que no puede esperar al lunes.

Fuentes citadas

  1. Clarín — El River que sueña Coudet — Nota original sobre las negociaciones de River por Ángel Correa y Thiago Almada, y la planificación táctica de Coudet.
  2. INDEC — Mercado de trabajo: indicadores socioeconómicos — Datos sobre empleo informal, salario real y canasta básica total en Argentina, utilizados para contextualizar el acceso al fútbol como bien de consumo popular.
  3. Página/12 — Economía — Referencia editorial de análisis económico heterodoxo para el tratamiento del modelo de acumulación y la distribución del ingreso en Argentina.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto mueve el mercado de pases del fútbol argentino en dólares?
Según datos de la AFA y reportes de Transfer Markt, el fútbol argentino exporta jugadores por valores que superan los 200 millones de dólares anuales en años de alta actividad. Sin embargo, una parte significativa de esos ingresos queda en manos de representantes con domicilio fiscal en el exterior, sin reinversión en el fútbol de base local.
¿Por qué se dice que los grandes clubes socializan costos y privatizan ganancias?
Porque la seguridad en los estadios, el transporte público para los partidos y la infraestructura urbana que los rodea son financiados por el Estado —es decir, por todos los contribuyentes—, mientras que los ingresos por televisación, sponsoreo y pases quedan en la estructura privada de cada club o en sus dirigentes.
¿Qué es el fútbol-empresa y por qué genera debate en Argentina?
El modelo de fútbol-empresa implica transformar los clubes en sociedades anónimas con fines de lucro, como ocurre en buena parte de Europa. En Argentina, donde los clubes son históricamente asociaciones civiles con participación de los socios, este modelo fue impulsado durante el gobierno de Macri y resistido por sectores del fútbol popular y la política progresista, que ven en él un riesgo de pérdida del patrimonio colectivo.
¿Cómo afecta al salario real de los trabajadores la dolarización del espectáculo deportivo?
Cuando los precios de las entradas y los abonos se indexan informalmente al dólar o a la inflación del sector entretenimiento —que suele superar la inflación general—, el acceso al fútbol en vivo se vuelve regresivo: consume una proporción mayor del ingreso de los sectores populares que de los sectores medios-altos.
¿Existe alguna política pública que regule la reinversión del fútbol profesional en el deporte de base?
En Argentina no existe un mecanismo obligatorio y sistemático de redistribución desde el fútbol profesional hacia el deporte amateur o de base. Algunos proyectos legislativos propusieron retener un porcentaje de las transferencias internacionales para un fondo de infraestructura deportiva social, pero ninguno fue aprobado hasta la fecha.