La tierra que nos pertenece: Milei la regala al mejor postor extranjero

Una ley que incomoda al poder

En 2011, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso aprobó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. No fue un capricho ideológico: fue una respuesta concreta al proceso silencioso de extranjerización del suelo argentino que venía acelerándose desde los noventa. La norma estableció que los extranjeros no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales del país, ni más del 30% dentro de cada provincia, y fijó un límite de 1.000 hectáreas por titular en zonas de alta productividad. Sencillo, razonable, soberano.

Ahora, según informa la Agencia de Noticias Tierra Viva, el gobierno de Javier Milei y sus aliados legislativos están moviendo fichas para legalizar la compra sin techo de tierras argentinas por parte de extranjeros. La movida no llegó por sorpresa a quienes vienen siguiendo la hoja de ruta desregulatoria del oficialismo. Llegó, eso sí, con la discreción que suele acompañar a las peores noticias.

El mapa del saqueo: quién compra, quién pierde

Argentina tiene aproximadamente 280 millones de hectáreas de superficie total. El suelo rural —productivo, estratégico, con agua, con minerales, con biodiversidad— es uno de los activos más codiciados del mundo en un contexto de crisis climática y alimentaria global. No es paranoia decirlo: es geopolítica elemental.

Los datos que se conocen, aunque el Estado nacional desmanteló buena parte de los organismos que medían esto, indican que antes de la ley de 2011 la extranjerización avanzaba a un ritmo preocupante. Grupos chinos, estadounidenses, europeos y de países del Golfo llevan décadas mirando el mapa argentino con apetito. La norma kirchnerista no expropió nada: simplemente puso un límite razonable a la transferencia futura. Eso es lo que el gobierno de La Libertad Avanza quiere eliminar.

La pregunta que el periodismo mainstream no formula con suficiente claridad es esta: ¿a quién beneficia quitar ese límite? No a los pequeños productores rurales argentinos, que no necesitan esta reforma para nada. No a las economías regionales, que viven asfixiadas por el tipo de cambio y la falta de crédito. Beneficia, de manera directa y exclusiva, al capital financiero internacional que busca tierras como reserva de valor y a los grandes fondos de inversión que ven en la Argentina un mercado de suelo barato después de cuatro años de devaluación acumulada.

Libertad para ellos, despojo para nosotros

El gobierno de Milei tiene una narrativa bien aceitada: todo límite al mercado es un obstáculo al progreso, toda regulación es casta, toda protección es un privilegio corporativo. Es una retórica que suena disruptiva pero que en la práctica reproduce el esquema más viejo del capitalismo periférico: abrir las puertas al capital extranjero, desmantelar el Estado regulador y llamar a eso "libertad".

La libertad que propone La Libertad Avanza no es la de los trabajadores de Tucumán para acceder a la tierra. No es la de las comunidades indígenas del norte para defender su territorio. No es la de los chacareros pampeanos para competir en igualdad de condiciones. Es la libertad del inversor de Singapur o de Abu Dhabi para comprar las mejores tierras del país sin ningún límite legal.

Esto no es una exageración retórica: es la consecuencia lógica y directa de derogar la ley 26.737. Y el campo popular tiene que nombrarlo así, sin eufemismos.

El peronismo y la tarea urgente de dar batalla

Aquí es donde el análisis político se vuelve imprescindible. Porque el problema no es solo que Milei quiera esto —ya sabíamos lo que Milei quería— sino cómo responde el espacio nacional-popular ante una ofensiva de esta magnitud.

La ley de tierras de 2011 fue una conquista del kirchnerismo que tuvo consenso amplio en su momento. Hoy debería ser un punto de unidad indiscutible para toda la oposición que se reclame popular o nacional. Sin embargo, el debate parlamentario sobre estas reformas suele transcurrir con una opacidad que favorece al oficialismo: se mezcla en paquetes desregulatorios más amplios, se apura en comisiones, se vota tarde a la noche o en semanas de bajo voltaje mediático.

El peronismo en sus distintas expresiones —el kirchnerismo, el PJ provincial, los movimientos sociales, los sindicatos con inserción territorial— tiene la obligación política de poner este tema en el centro de la agenda. No como una bandera testimonial sino como una línea de combate concreta: no hay acuerdo posible con la entrega del territorio nacional. Ninguno.

La integración latinoamericana que pregona el campo popular tiene como condición de posibilidad que los países de la región sean dueños de sus recursos naturales. Una Argentina con sus tierras vendidas al capital transnacional no puede ser socia estratégica de nadie: es apenas un proveedor de commodities administrado desde afuera.

Soberanía territorial es soberanía popular

Hay una tradición política argentina que entiende la soberanía territorial como parte constitutiva del proyecto nacional. Desde el primer peronismo, que impulsó la reforma agraria en la provincia de Buenos Aires y puso límites a la concentración de la tierra, hasta el kirchnerismo que legisló la ley 26.737, la defensa del suelo argentino fue siempre una bandera del campo popular.

No es romanticismo agrarista. Es comprensión estratégica de que en un mundo donde el agua, la tierra fértil y los recursos energéticos son cada vez más escasos, quien controla el territorio tiene poder real. Y el poder real no se delega en fondos de inversión extranjeros sin consecuencias para las generaciones futuras.

La reforma que impulsa el gobierno de Milei no es una modernización: es una regresión histórica. Es volver al modelo de la Argentina agroexportadora del siglo XIX, donde la tierra era de unos pocos y los muchos ponían el trabajo. Esa Argentina generó riqueza para algunos y pobreza estructural para la mayoría. Ya la conocemos. Ya la padecimos.

Defender la ley de tierras no es defender el pasado por el pasado: es defender el futuro de los que todavía no nacieron en este suelo que, si no actuamos, va a tener dueños que viven a diez mil kilómetros de acá.