Desregulación laboral en Argentina: quién paga el costo del ajuste

El mito del mercado que se autorregula

Hay una idea que vuelve con cada gobierno de signo liberal: si el Estado se corre, el mercado laboral se ordena solo. Menos regulación, menos costos laborales, más inversión, más empleo. El argumento suena técnico, casi inevitable. El problema es que la evidencia argentina lo desmiente con una consistencia que ya no puede atribuirse a la casualidad.

Los efectos de la desregulación en el mercado laboral argentino son documentables, medibles y, sobre todo, vivibles para millones de trabajadores y trabajadoras. Se expresan en contratos basura, en monotributistas obligados, en plataformas que llaman "socios" a sus empleados para no pagar cargas sociales, en convenios colectivos vaciados por decreto o por omisión.

Entender este fenómeno requiere salir de la abstracción y mirar qué pasó concretamente en cada etapa en que Argentina apostó por la desregulación como política de Estado. No como ideología: como política con consecuencias reales sobre cuerpos reales.

Los noventa: el laboratorio que nadie pidió

El primer gran experimento desregulador moderno en Argentina fue la década del noventa bajo el menemismo. La Ley Nacional de Empleo de 1991 y las reformas laborales de 1995 introdujeron contratos de trabajo a plazo fijo, períodos de prueba extendidos y la flexibilización de las condiciones de contratación y despido. La lógica era la misma de siempre: reducir el costo laboral para atraer inversión.

El resultado fue un mercado laboral con desempleo récord. En mayo de 1995, la tasa de desocupación alcanzó el 18,4% según datos del INDEC, el pico más alto registrado hasta entonces en la historia estadística argentina. La informalidad laboral trepó sostenidamente. Los sindicatos, golpeados también por la desarticulación del tejido industrial vía privatizaciones, perdieron poder de negociación. El salario real cayó en términos estructurales.

Esto no fue un accidente ni un efecto colateral menor. Fue la consecuencia lógica de subordinar el trabajo al capital sin mediación estatal. Como señala la tradición del pensamiento nacional-popular, desde Perón en adelante, el trabajo no es una mercancía más: es la condición de dignidad de una persona y el motor de la demanda interna. Cuando se abarata el trabajo, se abarata la vida.

Para profundizar en las raíces históricas de estas disputas, recomendamos leer Historia del movimiento obrero argentino y sus luchas.

La recuperación kirchnerista: cuando el Estado volvió a la cancha

El ciclo 2003-2015 mostró la cara opuesta del experimento. La recuperación del empleo formal, la reactivación de las paritarias, la derogación de las leyes de flexibilización más regresivas y el aumento sostenido del salario mínimo vital y móvil configuraron un modelo alternativo. No fue magia: fue política pública deliberada.

Entre 2003 y 2011, el empleo registrado creció de manera sostenida. Según datos del Ministerio de Trabajo, la tasa de empleo no registrado pasó de niveles superiores al 48% en 2003 a alrededor del 33% en 2012. Las negociaciones colectivas se multiplicaron: de menos de 300 acuerdos anuales en los años noventa a más de 2.000 en los años del kirchnerismo pleno.

Esto no significa que todos los problemas se resolvieron. La informalidad estructural persistió, particularmente en sectores como la construcción, el trabajo doméstico y la economía popular. Pero la dirección del movimiento era clara: más derechos, más cobertura, más poder de negociación para los trabajadores. El Estado no se corrió; se puso del lado de quien trabaja.

El macrismo y el retorno de la desregulación (2015-2019)

Con la llegada de Cambiemos al gobierno, la agenda desreguladora volvió, esta vez con el sello del gradualismo retórico y la urgencia práctica. La reforma laboral que finalmente no se aprobó en el Congreso —por la resistencia sindical y popular— dejó ver la hoja de ruta: abaratar el despido, reducir indemnizaciones, crear un fondo de cese laboral al estilo de la construcción para todos los sectores.

Lo que sí se implementó fue igualmente significativo: el endeudamiento externo masivo con el FMI condicionó la política fiscal y, por ende, la política social y laboral. El ajuste del gasto público impactó directamente en el empleo estatal y en los programas de sostenimiento del ingreso. El salario real cayó alrededor de un 20% entre 2015 y 2019, según estimaciones basadas en datos del INDEC y del BCRA.

La conexión entre deuda externa, FMI y deterioro de los derechos laborales no es accidental. Es estructural. Para entender ese vínculo, ver Deuda externa y políticas sociales: cómo el FMI condiciona el bienestar argentino.

El DNU 70/2023 y la nueva oleada desreguladora

A fines de 2023, el gobierno de Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que incluyó modificaciones sustanciales al régimen laboral. Entre los puntos más cuestionados por juristas y sindicalistas:

• Extensión del período de prueba de 3 a 8 meses, con posibilidad de llegar a un año en empresas pequeñas.
• Reducción de multas por trabajo no registrado, lo que debilita el incentivo para la formalización.
• Modificaciones al régimen de huelga en servicios esenciales, ampliando esa categoría.
• Eliminación de la ultra-actividad de los convenios colectivos, lo que implica que los convenios vencidos no se mantienen automáticamente hasta que se firme uno nuevo.
• Facilitación del despido mediante la reducción de costos indemnizatorios en determinadas modalidades contractuales.

La Corte Suprema y la justicia laboral recibieron múltiples impugnaciones a estas medidas. Organizaciones de trabajadores, centrales sindicales y movimientos sociales marcharon en rechazo. El debate jurídico y político sigue abierto, pero el impacto sobre la confianza laboral ya es palpable: la incertidumbre sobre los derechos adquiridos es en sí misma un factor de precarización.

Informalidad y plataformas: la nueva frontera de la precarización

Uno de los efectos más visibles de la desregulación contemporánea no pasa por las fábricas sino por los teléfonos. Las plataformas de reparto y transporte —Rappi, PedidosYa, Uber, Cabify— operan en Argentina bajo un modelo que clasifica a sus trabajadores como "colaboradores independientes" o "socios", evitando así la relación de dependencia laboral y las obligaciones que conlleva: obra social, ART, aportes jubilatorios, aguinaldo, vacaciones pagas.

Según estimaciones de organizaciones gremiales del sector, en Argentina trabajan alrededor de 150.000 personas en plataformas digitales de reparto y transporte, aunque el número exacto es difícil de precisar por la propia opacidad del modelo. La mayoría no tiene cobertura de salud laboral efectiva. Un accidente en moto puede significar la pérdida del ingreso sin ninguna red de contención.

Esto no es una novedad global que Argentina deba aceptar como inevitable. Francia, España y varios países de la región han avanzado en legislación que reconoce la dependencia laboral de estos trabajadores. La desregulación no es una ley de la naturaleza: es una elección política. Y tiene costos de salud pública concretos, como analizamos en Salud pública y equidad social en Argentina: el Estado como garantía.

Qué dice la evidencia internacional

El debate sobre desregulación laboral no es exclusivamente argentino, y la evidencia comparada es iluminadora. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha documentado en múltiples informes que la desregulación laboral no tiene correlación positiva con el crecimiento del empleo en el mediano plazo, pero sí con el aumento de la informalidad y la desigualdad salarial.

El caso de España durante los años de ajuste post-2008 es paradigmático: la reforma laboral de 2012 facilitó el despido y redujo el poder de los convenios sectoriales. El resultado fue una recuperación del empleo lenta, con contratos temporales y salarios deprimidos. Años después, el propio gobierno español revirtió parte de esas reformas ante la evidencia de sus efectos negativos.

En Argentina, el INDEC publica trimestralmente la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que permite rastrear la evolución del empleo registrado, la informalidad y los ingresos laborales. Los datos de los últimos años muestran una tendencia preocupante: la informalidad laboral se mantiene por encima del 35% de la población ocupada, y el salario real promedio no ha recuperado los niveles de 2017.

El Estado como herramienta, no como obstáculo

La discusión sobre regulación laboral es, en el fondo, una discusión sobre poder. ¿Quién fija las condiciones del trabajo: el trabajador individual negociando solo frente a una empresa, o el conjunto organizado de trabajadores respaldado por un Estado que garantiza pisos mínimos de dignidad?

La respuesta del pensamiento nacional-popular es clara desde hace décadas: el Estado no es el problema del mercado laboral argentino, es su necesaria contraparte. Sin convenios colectivos fuertes, sin inspección laboral efectiva, sin obra social y jubilación garantizadas, el mercado produce exactamente lo que produjo en los noventa: desempleo masivo, informalidad estructural y pobreza que trabaja.

Esto no implica que todo lo existente sea intocable ni que no haya espacio para mejorar la legislación laboral en términos de modernización y adaptación a nuevas formas de trabajo. Pero hay una diferencia fundamental entre modernizar derechos y suprimirlos. Entre adaptar el Estado a los desafíos del siglo XXI y retirarlo para que el mercado haga lo que históricamente hizo cuando nadie lo controló.

Los efectos de la desregulación en el mercado laboral argentino no son una proyección ideológica: son una serie de datos, de historias, de cuerpos que trabajan sin red. Ignorarlos no es pragmatismo. Es una decisión política con nombre y apellido.