Autoritarismo Milei: cómo el DNU y los vetos erosionan la democracia

Qué medidas del gobierno de Milei muestran un giro autoritario en Argentina

El gobierno de Javier Milei combina el DNU 70/2023 —que modificó más de 300 normas sin pasar por el Congreso—, vetos sistemáticos a leyes de jubilaciones y financiamiento universitario, un protocolo antipiquetes aplicado por Patricia Bullrich y ataques públicos a periodistas, jueces y opositores. Latinobarómetro 2024 ubicó a Argentina entre los países con mayor caída de satisfacción democrática en la región, con apenas un 24% de ciudadanos conformes con cómo funciona la democracia.

El DNU 70/2023: gobernar sin Congreso

El 20 de diciembre de 2023, a diez días de asumir, Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. En un solo acto administrativo, el Poder Ejecutivo modificó o derogó más de 300 leyes: desregulación del alquiler, cambios en la ley de contrato de trabajo, reforma del régimen de tierras rurales, modificaciones al Código Civil y Comercial. Un decreto que, por definición constitucional, debería ser excepcional, se usó como vehículo ordinario de reforma estructural.

La Constitución del 94 fue clara al respecto: los DNU no pueden tocar materia penal, tributaria, electoral ni de partidos políticos, y requieren circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite legislativo. El 70/23 pulveriza ese espíritu. La Cámara Nacional del Trabajo frenó parcialmente el capítulo laboral, pero el grueso del decreto sigue vigente mientras el Senado lo rechazó y Diputados nunca lo trató: una laguna que el oficialismo explota con pericia.

Como explicamos en la nota sobre el ajuste y la economía heterodoxa, el formato DNU no es un detalle técnico: es la forma política del proyecto. Si no se puede convencer, se impone.

Los vetos: cuando el Congreso molesta

Cuando el Congreso logra sancionar leyes que contradicen la agenda oficial, aparece el veto. En 2024, Milei vetó íntegramente la ley de movilidad jubilatoria aprobada por ambas cámaras y la ley de financiamiento universitario, que buscaba actualizar presupuestos y salarios docentes. Dos leyes votadas por representantes electos, borradas con una firma.

El argumento oficial fue el equilibrio fiscal. Pero los números del CEPA y de la propia ANSES muestran que el gasto previsional cayó alrededor de un 17% real interanual en 2024, mientras el Tesoro mantuvo exenciones impositivas a sectores concentrados. El ajuste no es una necesidad técnica neutra: es una elección política sobre quién paga.

El mensaje institucional es inequívoco: el Congreso puede deliberar lo que quiera, pero la última palabra la tiene el Ejecutivo. Es la lógica del decisionismo que Carl Schmitt teorizó hace un siglo y que hoy se expresa en una democracia formal con creciente vaciamiento sustantivo.

El protocolo Bullrich y la calle como enemigo

A la concentración normativa se suma la disciplina sobre el espacio público. El protocolo antipiquetes diseñado por Patricia Bullrich habilitó despliegues masivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal contra movilizaciones de jubilados, trabajadores estatales y organizaciones sociales. El CELS documentó más de 600 heridos en represiones durante 2024, incluyendo periodistas golpeados y gaseados mientras cubrían protestas.

El caso de los miércoles de jubilados frente al Congreso se volvió emblemático: adultos mayores reclamando por haberes de hambre son dispersados con gas pimienta, balas de goma y camiones hidrantes. La escena, repetida semana tras semana, naturaliza algo que hasta hace poco generaba escándalo transversal. Para profundizar en este patrón, ver nuestra cobertura sobre represión policial sin control.

La criminalización se extiende a los dirigentes. Allanamientos a organizaciones sociales, causas armadas contra referentes como Juan Grabois, pedidos de desafuero contra legisladores opositores. El manual es viejo y conocido: convertir al adversario en delincuente para deslegitimar el disenso.

El ataque a la prensa y a la Justicia

Un rasgo distintivo del autoritarismo contemporáneo es la agresión sistemática a los contrapesos. Milei mantiene una práctica diaria de descalificación a periodistas por nombre y apellido en redes sociales, con amplificación de ejércitos de trolls. La organización FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) registró decenas de agresiones verbales presidenciales a trabajadores de prensa durante 2024.

La Justicia también es blanco. El intento de nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema —sin acuerdo del Senado— marcó un punto de ruptura institucional. La maniobra, finalmente frustrada, mostró la vocación de colonizar el máximo tribunal para blindar la agenda económica frente a eventuales planteos de inconstitucionalidad.

Se suma el desfinanciamiento de organismos de control: INADI disuelto, Defensoría del Pueblo sin designar hace más de una década, Agencia de Acceso a la Información Pública debilitada. Cada contrapeso que se vacía es una pieza menos del tablero republicano.

Qué dicen las encuestas sobre la percepción democrática

Latinobarómetro 2024 arrojó un dato que debería encender todas las alarmas. La satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Argentina cayó a un 24%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica y de la región. El apoyo abstracto a la democracia como sistema sigue siendo mayoritario (62%), pero la brecha entre ideal y realidad se ensancha peligrosamente.

Más preocupante aún: entre jóvenes de 16 a 25 años, aumentó la proporción de quienes consideran que "en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible". Es el caldo de cultivo que explotan los proyectos como el de Milei, y que la crisis económica —como documentamos sobre la inflación descontrolada— alimenta sin pausa.

Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba de octubre de 2024 mostró que el 58% de los argentinos considera que el gobierno "tiene rasgos autoritarios". No es una percepción marginal: es mayoría social. La pregunta política es qué se hace con ese diagnóstico compartido.

El impacto en la vida cotidiana

El autoritarismo no es solo un problema de arquitectura institucional abstracta. Se mete en la vida diaria de maneras concretas:

• Jubilados que cobran haberes licuados y además son reprimidos cuando reclaman.
• Estudiantes y docentes universitarios que ven caer presupuestos y salarios mientras se los acusa de "adoctrinar".
• Trabajadores estatales despedidos sin causa, con el argumento de la "casta".
• Periodistas hostigados por hacer su trabajo.
• Organizaciones sociales criminalizadas por organizar ollas populares.

La Universidad Católica Argentina (UCA) midió que la pobreza superó el 52% en el primer semestre de 2024. Esa cifra no es independiente del autoritarismo: es su correlato material. Un gobierno que concentra poder lo hace para imponer un programa económico que, en democracia deliberativa, no tendría los consensos necesarios.

La integración regional también se resiente. El alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, el desprecio a Lula, a Petro, a López Obrador, el abandono de los BRICS: Argentina se aísla mientras adentro se cierra. Es el mismo movimiento, hacia afuera y hacia adentro.

Qué hacer: la salida es colectiva

La historia argentina enseña que los proyectos autoritarios se frenan con organización popular, no con lamentos. La movilización universitaria de abril y octubre de 2024 —más de un millón de personas en todo el país— demostró que hay un piso social que no está dispuesto a ceder derechos conquistados. Los paros de la CGT, las marchas de jubilados, las asambleas barriales son escuelas de democracia en tiempos de decreto.

El rol del Congreso es central. Rechazar los DNU, insistir con los vetos (se necesitan dos tercios), investigar casos de corrupción como el de LIBRA. Hay herramientas institucionales si hay voluntad política de usarlas. Como señalamos en el análisis sobre la movilización al Congreso, la calle y las bancas tienen que operar sincronizadas.

También hace falta disputar sentido común. El autoritarismo se vuelve posible cuando una porción de la sociedad lo tolera o lo celebra en nombre del orden, la seguridad o el ajuste. Discutir esas ideas, con datos y con empatía, es parte de la tarea. Perón decía que la organización vence al tiempo. Hoy, también vence al decreto.

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