‘CUÁNTO ES EL SALARIO MÍNIMO EN ARGENTINA?’: la cifra que el pueblo necesita 🇦🇷

¿Cuál es el salario mínimo vigente en Argentina y cómo se compara con la inflación actual

A partir del 1 de junio de 2024 el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se fijó en $115.000 mensuales. Ese monto cubre apenas el 30 % del índice de precios al consumidor, que acumuló una inflación del 250 % en los últimos 12 meses.

Contexto histórico del salario mínimo en Argentina

Desde la década del 40, el Estado peronista institucionalizó el salario mínimo como herramienta de justicia social. En 1955 se estableció el SMVM, y a lo largo de los años se ajustó periódicamente para responder a la inflación. La crisis de 2001 provocó una fuerte devaluación y, pese a los intentos de ajuste, el poder de compra se redujo drásticamente. Durante la gestión de la presidenta Cristina Kirchner (2007‑2015) se incrementó el SMVM en promedio un 30 % anual, aunque la inflación superó ese ritmo.

En la década K, bajo el gobierno de Alberto Fernández, el SMVM volvió a crecer, pero la inflación volvió a escalar, alcanzando 94 % en 2022. Cada ajuste se volvió una lucha política entre el Ministerio de Trabajo y el Congreso, donde los sindicatos demandaron aumentos reales mientras el Ejecutivo intentó contener el déficit fiscal.

Impacto de la inflación en el poder adquisitivo del trabajador

La inflación del 250 % registrada por el INDEC entre marzo 2023 y marzo 2024 ha erosionado de forma profunda los salarios reales. Según un estudio de la UCA, el poder adquisitivo del SMVM cayó un 68 % respecto a 2020, lo que significa que un trabajador que percibe el mínimo hoy compra menos de la mitad de lo que podía hace cuatro años.

Este deterioro se refleja en indicadores de pobreza. El ENAP‑CONICET informó que la tasa de pobreza total alcanzó el 38,5 % en 2023, y la pobreza extrema el 12,3 %. La brecha entre salarios formales y la economía informal se amplió, alimentando la precarización del empleo.

Comparación con salarios mínimos de la región

En comparación con vecinos como Uruguay (U$ 500 mensuales) y Chile (U$ 350 mensuales), el salario mínimo argentino resulta bajo cuando se traduce a dólares internacionales, pese a la alta cotización del peso. En Brasil, el salario mínimo equivale a aproximadamente U$ 210, pero la inflación brasileña se mantiene bajo 4 % anual, lo que preserva su valor real.

Esta disparidad evidencia que la política salarial argentina no solo necesita ajustes nominales, sino un marco institucional que garantice aumentos vinculados a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al crecimiento de la productividad.

Reclamos sociales y propuestas de aumento

Los sindicatos, encabezados por la CTA y la CGT, han organizado movilizaciones en la Plaza de Mayo exigiendo un aumento del SMVM del 40 % para finales de 2024. En la última asamblea del Congreso de los Trabajadores (CTA) se aprobó la propuesta de un “Salario Mínimo Digno” que combine un incremento real del 20 % y una bonificación de 30 % para sectores vulnerables.

Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Nacional de la Memoria, señalan que la falta de un salario mínimo suficiente viola la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 23) y la Convención Internacional del Trabajo.

Para contextualizar, el artículo ‘SALARIO MÍNIMO’ en mayo 2026: la cifra que el pueblo necesita 🇦🇷 plantea una hoja de ruta que incluye la creación de un fondo de estabilización salarial financiado con recursos del BCRA y del impuesto a las grandes fortunas.

El rol del Estado y la política salarial

El Estado tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el derecho al trabajo digno (art. 14 bis de la Constitución). En la práctica, esto implica establecer un SMVM que cubra la canasta básica alimentaria y de vivienda. La política salarial debe ser parte de un paquete más amplio que incluya control de precios, fortalecimiento de la producción nacional y una política cambiaria que evite la devaluación descontrolada.

El ministro de Economía, Sergio Massa, ha señalado que “no podemos seguir subiendo salarios sin contener la inflación”. Sin embargo, la lógica de ajuste estructural que propone el FMI y la bancada liberal resulta incompatible con la garantía de derechos sociales. La experiencia del ajuste de 2018 demostró que los recortes salariales profundizan la pobreza y debilitan la demanda interna.

Una alternativa viable es la política de “salario mínimo indexado”, donde cada ajuste se calcule automáticamente en función del IPC y la variación del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Esta medida, defendida por el economista José Luis Machinea, reduciría la incertidumbre y evitaría la necesidad de negociaciones anuales.

Conclusión: camino hacia la justicia salarial

En síntesis, el salario mínimo vigente ($115.000) está muy por debajo de lo necesario para cubrir una canasta básica cuyo costo supera los $350.000. La inflación desbordada, la alta tasa de pobreza y la falta de un mecanismo de ajuste automático hacen que el SMVM sea una medida simbólica más que una garantía real.

Para revertir esta situación, el Estado debe articular un plan de aumento real del salario mínimo, financiarlo con una política fiscal progresiva y acompañarlo de medidas de control de precios y fortalecimiento de la producción nacional. Solo así se podrá cumplir con la consigna “el pueblo primero” y garantizar los derechos sociales que la Constitución reconoce.

En la agenda de la izquierda popular, la lucha por un salario mínimo digno se enlaza con otras reivindicaciones: la reforma del Banco Central, la renegociación de la deuda externa y la defensa de la soberanía económica. Como indica el artículo Movilización al Congreso, la unidad de los sectores populares será clave para lograr un ajuste estructural que priorice a la gente y no a los intereses financieros internacionales.

Relacionado: Decisiones económicas autodestructivas de Milei: el costo popular — otra mirada sobre el mismo tema.