Vulnerabilidad laboral en Argentina: la coerción económica que no se nombra

Por qué los trabajadores argentinos aceptan condiciones laborales extremas en 2024

Porque la combinación de salario real 15% por debajo de noviembre 2023 (CIFRA), desempleo de 7,6% y subempleo de 11,8% en el segundo trimestre 2024 (INDEC) reduce las alternativas reales. Cuando la canasta básica supera los ingresos de mitad del país, aceptar jornadas extendidas, informalidad o pluriempleo deja de ser una opción y se vuelve supervivencia.

Esta coerción no aparece en los discursos oficiales sobre "libertad laboral". No hay pistola en la nuca, pero hay alquiler, tarifas, prepaga y colectivo. Es la vieja lógica que Marx llamó la "muda coacción de las relaciones económicas" y que Perón, desde otro lugar, buscó contrarrestar con la organización sindical y el pleno empleo. Hoy, sin esos contrapesos, la asimetría se agiganta.

Los números que el gobierno prefiere no explicar

El INDEC informó que en el segundo trimestre de 2024 la desocupación trepó al 7,6%, el nivel más alto desde 2021. Pero el dato más revelador es el subempleo: 11,8% de la Población Económicamente Activa trabaja menos horas de las que necesita para vivir. Sumado a los ocupados demandantes de empleo, la presión sobre el mercado laboral supera el 30%.

En paralelo, el instituto CIFRA-CTA mide una pérdida acumulada de poder adquisitivo cercana al 15% desde el cambio de gobierno. Los salarios registrados privados se recuperaron parcialmente durante el año, pero los del sector público y los informales quedaron muy por detrás de una inflación que en 2024 acumuló más del 100%.

Esta ecuación —menos empleo, salarios más bajos, más gente disponible— es exactamente la que necesita cualquier empleador para imponer condiciones. La "flexibilidad" que celebra el DNU 70/2023 tiene este correlato material concreto, algo que ya desarrollamos en Desregulación laboral en Argentina: quién paga el costo del ajuste.

Qué significa "aceptar" cuando no hay alternativa

Cuando un repartidor de aplicación trabaja 12 horas por día sin ART ni aportes, no está eligiendo el emprendedurismo: está cubriendo el alquiler. Cuando una trabajadora de casas particulares acepta cobrar en negro por debajo del piso salarial, no es que desconozca sus derechos: es que perder ese ingreso significa no comer la semana siguiente.

La economista Mercedes D'Alessandro lo viene planteando hace años: la vulnerabilidad económica se traduce directamente en pérdida de poder de negociación. Y ese poder no se recupera con charlas de coaching ni con la ilusión libertaria del "empresario de sí mismo". Se recupera con:

• Empleo formal creciente, que reduzca el ejército industrial de reserva.
• Salario mínimo real, actualizado por inflación y no por decreto discrecional.
• Sindicatos fuertes, con capacidad efectiva de paritaria libre.
• Estado presente, que fiscalice condiciones y sancione incumplimientos.

Todo lo contrario de la agenda que se está implementando desde diciembre de 2023.

La informalidad como norma, no como excepción

Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, alrededor del 36% de los asalariados en Argentina no está registrado en la seguridad social. En algunos sectores —construcción, servicio doméstico, comercio minorista pequeño— la informalidad supera el 60%. Estos trabajadores no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones pagas, no tienen licencia por enfermedad, no aportan a una futura jubilación.

Y sin embargo, el discurso oficial habla de "modernizar" el mercado laboral eliminando indemnizaciones y multas por trabajo no registrado. Es decir: no se propone incorporar al circuito formal a esos 4 millones de trabajadores en negro. Se propone legalizar su desprotección.

Es la misma lógica que denunciamos en Del thatcherismo al mileísmo: por qué el modelo neoliberal fracasa. El manual es viejo: bajar el costo laboral vía precarización, no vía productividad.

Pobreza, salario y el techo real del ingreso

El dato más brutal del primer semestre de 2024 fue la pobreza: 52,9% según INDEC, con indigencia del 18,1%. Traducido: más de la mitad del país no llega a cubrir la canasta básica total, y casi uno de cada cinco argentinos no cubre siquiera la canasta alimentaria.

En ese escenario, discutir "aspiraciones" laborales es una ficción. Un trabajador que gana por debajo de la línea de pobreza no negocia condiciones: acepta lo que hay. Y si hay que hacer changas los fines de semana, hacerlo con dos trabajos, o aceptar tareas peligrosas sin equipo de seguridad, se hace. Porque no hacerlo tiene un costo peor.

La Universidad Católica Argentina, a través del Observatorio de la Deuda Social, mostró además que la pobreza multidimensional —que suma déficit de vivienda, salud y educación— es aún más profunda que la medida por ingresos. Es el contexto real de la "libre elección" que celebra el oficialismo.

Salud mental, familia y el costo invisible

La coerción económica no se paga sólo en horas trabajadas. Se paga en cuerpos. Aumentan las consultas por ansiedad, insomnio y depresión asociadas al pluriempleo y a la incertidumbre financiera, algo que analizamos en profundidad en Ajuste económico y salud mental: la epidemia silenciosa argentina.

Se paga también en tiempo familiar. Un padre o madre que trabaja 14 horas para cubrir gastos básicos no está con sus hijos. No los ayuda con la tarea, no los lleva al médico, no los cuida cuando se enferman. Ese costo social no aparece en ningún balance, pero está.

Y se paga en salud física: los trabajadores informales tienen tasas de accidentes laborales significativamente más altas que los registrados, según datos históricos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Sin ART, ese accidente lo paga el trabajador o su familia.

El Estado ausente y la falsa neutralidad

La retórica libertaria presenta al Estado como el problema: regulaciones, impuestos, sindicatos. Pero cuando el Estado se retira, no queda un espacio de libertad: queda el poder desnudo del más fuerte. En el mercado laboral, ese "más fuerte" es el empleador con capital, no el trabajador con hipoteca.

El rol del Estado en la relación laboral no es "intervenir por gusto". Es equilibrar una asimetría estructural. Cuando ese equilibrio se rompe —como está pasando ahora con la reforma del DNU 70 y el capítulo laboral de la Ley Bases— la coerción económica se traduce automáticamente en condiciones peores.

Esto no es teoría: es lo que muestran los datos comparados de países que desregularon en los ochenta y noventa. Es también, en clave nacional, lo que enseña la historia del movimiento obrero argentino: cada retroceso institucional se pagó con derechos concretos.

Salir del laberinto: qué políticas cambiarían el cuadro

No hay solución mágica, pero sí hay diagnóstico claro. Un programa mínimo para recomponer poder de negociación debería incluir recomposición del salario mínimo por sobre la inflación, fiscalización efectiva del trabajo no registrado con incentivos a la formalización, defensa de las paritarias libres y actualización de asignaciones sociales que descompriman la urgencia. Es decir, exactamente lo contrario del rumbo actual.

El debate no es "mercado sí o mercado no". Es qué mercado y con qué reglas. Un mercado laboral con 52,9% de pobreza y 36% de informalidad no es libre: es coercitivo. Nombrarlo así, con datos, es el primer paso para revertirlo.

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