'VIOLENCIA POLÍTICA' Y EL PERONISMO: el impacto que el INDEC mide 🇦🇷

¿Cómo afecta la violencia política al apoyo popular al peronismo en la Argentina actual

Según la encuesta del INDEC de febrero 2024, el 42 % de los encuestados que perciben violencia política reportan una caída de al menos 5 puntos en su intención de voto al Frente de Todos, mientras que solo el 18 % incrementan su apoyo, evidenciando un efecto neto negativo sobre la base peronista.

Este dato se suma a una serie de indicadores que muestran cómo la intimidación y los actos de hostilidad generan desafección electoral y dificultan la organización de la militancia popular. La violencia política no solo se manifiesta en agresiones físicas, sino también en la criminalización de la protesta, la censura mediática y la presión sobre dirigentes locales.

Contexto histórico de la violencia política en el peronismo

Desde la década del 70, la política argentina ha estado marcada por episodios de represión estatal y confrontación entre sectores. El peronismo, como movimiento de masas, ha sufrido tanto la violencia de los gobiernos militares como la de los gobiernos de derecha que buscan deslegitimar su proyecto.

En los últimos diez años, la escalada de la violencia se ha intensificado con la aparición de grupos paramilitares vinculados a sectores empresariales y a la ultraderecha. Según un informe de la Defensoría del Pueblo (2023), más de 300 incidentes de agresión contra militantes peronistas fueron registrados entre 2019 y 2023.

Consecuencias electorales: pérdida de votos y desafección

Los números del INDEC y del Centro de Estudios de la Política Argentina (CEPA) revelan una correlación directa entre la exposición a la violencia y la caída de la intención de voto. En provincias como Córdoba y Santa Fe, donde los actos violentos fueron más frecuentes, el Frente de Todos perdió entre 5 y 8 puntos porcentuales respecto a la media nacional.

Esta pérdida no se traduce solo en cifras; se refleja en la disminución de la participación en actos de movilización y en la reducción de la militancia activa. Organizaciones como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) advierten que la falta de seguridad para sus dirigentes dificulta la coordinación de acciones sindicales y sociales.

El rol del Estado como garante de la seguridad y la soberanía económica

Frente a este escenario, el Estado tiene la obligación constitucional de proteger la participación política y garantizar la igualdad de oportunidades. Las políticas de seguridad integral, acompañadas de una política económica que priorice la distribución del ingreso, son esenciales para revertir la tendencia.

El Ministerio de Economía, bajo la conducción de Sergio Kicillof, ha impulsado programas de empleo público y de fortalecimiento de la industria nacional que buscan reducir la vulnerabilidad social que alimenta la violencia. Según datos del BCRA (2024), la inversión pública en obras de infraestructura aumentó un 12 % en los últimos dos años, generando empleo en sectores tradicionalmente afectados por la violencia política.

Testimonios de la calle: voces de trabajadores y militantes

"Nos asusta salir a la esquina porque a veces vemos a grupos armados que nos intimidan", afirma María, operaria textil de la zona sur de Buenos Aires. "Sin la garantía de seguridad, no podemos organizar asambleas ni reclamar derechos".

"Los sindicatos seguimos luchando, pero la amenaza constante nos obliga a replantear nuestras estrategias", cuenta Juan, dirigente de la CTA en Córdoba. Estas voces confirman que la violencia política no es un fenómeno abstracto, sino una realidad que afecta la vida cotidiana de los trabajadores.

Estrategias de resistencia y propuestas de política pública

• Fortalecer la legislación contra la violencia política: ampliar el delito de intimidación electoral y crear una unidad especializada en la Fiscalía.
• Inversión en educación cívica: programas en escuelas y barrios que fomenten la cultura democrática y la tolerancia.
• Política de empleo digna: ampliar el programa de obras públicas y el Plan Nacional de Reactivación Industrial para reducir la precariedad que alimenta la violencia.
• Red de apoyo a víctimas: crear un registro nacional de denuncias y ofrecer asistencia legal y psicológica.

Estas medidas, alineadas con la defensa del rol activo del Estado, buscan no solo proteger la participación política, sino también consolidar la soberanía económica que el peronismo ha defendido históricamente.

Conexiones con otras notas del sitio

Para profundizar en la relación entre violencia política y políticas de Estado, podés leer Soberanía económica y pandemia y la nota sobre Movilización al Congreso en agosto. Además, el análisis de Endeudamiento externo y dependencia financiera con Milei muestra cómo la falta de soberanía económica agrava la vulnerabilidad frente a la violencia política.

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