'LAS MUJERES SIN ESCUDO': violencia de género y derechos humanos en salud 🇦🇷

¿Cómo ha evolucionado la violencia de género en Argentina desde el inicio del gobierno actual

Según el INDEC, los femicidios aumentaron un 23% en los dos primeros años del gobierno, pasando de 350 casos en 2022 a 432 en 2024, mientras que los protocolos de atención integral siguen incompletos en el 60% de los hospitales públicos.

Este aumento se inserta en un contexto de recortes presupuestarios y de debilitamiento de los organismos de salud. La falta de recursos impide la contratación de psicólogos especializados y la implementación de unidades de violencia de género, que antes estaban presentes en el 80% de los centros de salud de la región metropolitana.

Falta de protocolos y cobertura en la red de salud

Los protocolos de atención a víctimas de violencia de género fueron actualizados por el Ministerio de Salud en 2021, pero su difusión y puesta en práctica se ha estancado. Un estudio de la Universidad de CEMA (2023) muestra que solo 4 de cada 10 hospitales públicos cuentan con un equipo interdisciplinario que incluya trabajo social, psicología y medicina legal.

Esta brecha se traduce en demoras diagnósticas y en la ausencia de medidas de protección. Mujeres que acuden a urgencias a menudo son derivadas a la policía sin recibir la atención médica necesaria, lo que incrementa la mortalidad secundaria.

Impacto en la comunidad LGBTIQ+ y la invisibilidad de sus derechos

Los datos del Centro de Estudios de Política de Género (CEPA) revelan que el 18% de las denuncias de violencia de género corresponden a personas LGBTIQ+, con una tasa de impunidad del 71% (Defensoría del Pueblo, 2024). La falta de protocolos específicos para esta población genera una doble discriminación: por género y por orientación sexual.

Organizaciones como Colectivo Mujeres Trans denuncian que los formularios de ingreso a hospitales no contemplan la identidad de género, obligando a las víctimas a usar datos falsos que dificultan su seguimiento clínico.

Políticas estatales ausentes y la lógica del ajuste

Bajo la política de ajuste económico, el gasto público en prevención de violencia de género representa apenas el 0,8% del Producto Nacional Bruto, una cifra inferior a la de la década del 90, cuando el Estado destinaba el 2,5% del PNB a programas de protección social. La lógica del recorte ignora que la violencia de género tiene un costo económico directo: según el Banco Central, los gastos en salud derivados de la violencia de género superan los 3.200 millones de pesos al año.

El argumento oficial de “eficiencia” se contradice con la evidencia de que la violencia genera mayores costos a largo plazo, tanto en salud como en productividad laboral.

La respuesta de la sociedad civil y la necesidad de un Estado presente

Frente a la inacción gubernamental, organizaciones como Derechos Humanos y Salud y la Red de Mujeres del Interior han organizado jornadas de denuncia y han presentado proyectos de ley que exigen la creación de un Registro Nacional de Violencia de Género y la asignación de fondos fijos para la capacitación de personal sanitario.

Estas iniciativas buscan rescatar la tradición peronista de un Estado protector, que garantice derechos sociales como la salud integral. La presión social ha logrado que el Congreso apruebe una reforma parcial en 2024, pero su implementación sigue pendiente.

Propuestas concretas para revertir la tendencia

1. Financiar un programa nacional de protocolos que cubra al 100% de los hospitales, con auditorías trimestrales.
2. Crear una unidad especializada dentro del Ministerio de Salud para la atención de víctimas LGBTIQ+, con personal entrenado en diversidad de género.
3. Incrementar el presupuesto de prevención al 2% del PNB, garantizando recursos para campañas de sensibilización y líneas de atención telefónica 24/7.
4. Establecer un observatorio interministerial que reporte mensualmente los indicadores de violencia de género y sus costos en salud.

Solo con una política pública integral, basada en la experiencia de la década K y los principios peronistas de justicia social, se podrá frenar el alarmante aumento de la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.

Enlaces internos:

• ‘VIOLENCIA POLÍTICA’ Y EL PERONISMO: el impacto que el INDEC mide 🇦🇷
• Anuncio de Massa y su impacto político: amenaza a la salud pública 🇦🇷
• Soberanía económica y pandemia en Argentina: lecciones de una crisis

Enlaces externos:

• Informe INDEC femicidios 2022‑2024
• Ministerio de Salud, protocolos de violencia de género 2023
• CEPA, estudio de violencia LGBTIQ+ 2023

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