Usura y prestamistas en el ajuste de Milei: la deuda que ahoga

Cómo impactó el ajuste de Milei en el crecimiento de la usura y el endeudamiento de los hogares

El ajuste de Milei derrumbó el salario real y empujó a los hogares argentinos a endeudarse para cubrir alimentos, alquiler y servicios. Según datos del BCRA, los préstamos al consumo crecieron fuerte en 2024-2025 con tasas efectivas anuales que en tarjetas y apps superan ampliamente el 200%, mientras se expande un circuito paralelo de prestamistas informales con intereses de usura que la desregulación oficial no controla.

El combo perfecto: licuación de salarios y retirada del Estado

Desde diciembre de 2023, la devaluación del 118% y el tarifazo en servicios, transporte y alquileres licuaron el poder adquisitivo de la mayoría. El salario real cayó con fuerza y, según mediciones de CIFRA-CTA e INDEC, el registrado privado perdió alrededor de 6% y el no registrado más del 15% en el primer año de gestión libertaria. En los bolsillos populares, esa cuenta no cierra a fin de mes.

Ahí aparece el crédito como tapón de emergencia. No para comprar un auto o irse de vacaciones: para llegar al 10, pagar la garrafa, bancar el remedio del jubilado o cubrir el alquiler que subió por encima de paritaria. El Banco Central reporta que los préstamos personales en pesos crecieron a tasas reales inéditas durante 2024 y 2025, en un contexto donde el consumo masivo —según Scentia y la CAME— se desplomó.

La ecuación es sencilla y perversa: cuando el salario no alcanza para la canasta básica, la familia se financia. Y cuando el Estado se retira de todo rol regulador —como pregona el oficialismo—, quien pone la plata fija las reglas.

Tarjetas, apps y financieras: tasas que serían delito en cualquier país serio

El Código Penal argentino tipifica la usura en el artículo 175 bis cuando se cobran "intereses evidentemente desproporcionados". El problema es que, con la inflación como excusa y la desregulación como bandera, hoy en Argentina las tasas efectivas anuales (TEA) de tarjetas de crédito superan sin problema el 200% en varios bancos privados. En las apps de crédito rápido —Mercado Pago, Ualá, Naranja X y una docena de fintech menos reguladas— los costos financieros totales trepan por encima del 300% TEA, cifras que se publican en los propios resúmenes pero que casi nadie lee.

Algunos datos para dimensionar:

• Un préstamo de $200.000 a 12 meses en una fintech promedio devuelve más de $600.000 al final del período.
• El pago mínimo de tarjeta se volvió una trampa: refinanciar el saldo implica que, en pocos meses, se debe más del doble de lo gastado.
• Las compras en cuotas "sin interés" ocultan en muchos casos recargos encubiertos en el precio contado, denunciados reiteradamente por asociaciones de defensa al consumidor.

Todo esto bajo la mirada complaciente de un Banco Central que, lejos de proteger al usuario financiero, impulsa una reforma funcional a los grandes jugadores del sector. La libertad, en los papeles del DNU 70/23 y leyes complementarias, es siempre la libertad del que presta, nunca la del que se endeuda para comer.

El circuito paralelo: prestamistas de barrio, cuevas y violencia

Donde el sistema formal expulsa —por scoring, por informalidad laboral, por estar en el Veraz—, aparece el prestamista informal. Lo documentan organizaciones sociales, parroquias y defensorías del pueblo en el conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba y el NEA: el "financista" de barrio presta $50.000 o $100.000 a devolver en semanas con intereses que, anualizados, superan el 1.000%.

El mecanismo es conocido y brutal. Se retiene el DNI, la tarjeta de débito donde cae la AUH o la jubilación, o directamente la clave de homebanking. Si no se paga, aparece la amenaza, el aprieto, a veces la violencia física. Es usura con cara de favor y, cada vez más, con conexión al narcomenudeo que financia parte del circuito. El fenómeno no es nuevo —existía con Macri y antes también— pero el ajuste actual lo multiplicó: más demanda desesperada, menos controles, Estado ausente.

Las organizaciones del trabajo informal, que agrupan a monotributistas sociales, feriantes y cartoneros, vienen denunciando que una parte creciente de sus ingresos se va a pagar estas deudas. La plata que entra por la mañana ya tiene dueño antes de llegar a la olla.

Datos duros: deuda récord de los hogares

El Informe Monetario Mensual del BCRA muestra que el stock de financiaciones al sector privado creció en términos reales durante buena parte de 2024 y 2025, con la particularidad de que lo que crece son los préstamos al consumo —personales y tarjetas— mucho más que los productivos. Es una pésima señal: significa que la gente no se endeuda para invertir o producir, sino para subsistir.

Algunos puntos del cuadro general:

• La pobreza llegó al 52,9% en el primer semestre de 2024 según el INDEC, con un pico que luego bajó por efecto estadístico de la propia inflación.
• La indigencia superó el 18% en el mismo período, el peor dato en dos décadas.
• Según la UCA, cerca del 60% de los hogares de ingresos bajos tiene al menos una deuda financiera activa en 2024-2025.
• El 40% de los deudores de tarjeta refinancia saldo mes a mes, pagando intereses compuestos sobre intereses.

El mismo pueblo que vota promesas de "libertad" termina atado a una deuda que crece más rápido que su salario. Es, en pequeño y en cada hogar, la misma lógica del endeudamiento externo con el FMI que condicionó al país durante décadas.

El marco legal existe, pero no se aplica

Argentina tiene herramientas para frenar la usura. La Ley de Defensa del Consumidor (24.240), la Ley de Tarjetas de Crédito (25.065), el artículo 175 bis del Código Penal y la propia Carta Orgánica del BCRA permiten establecer topes, sancionar abusos y regular tasas. El problema no es jurídico, es político.

Bajo la actual gestión, la Secretaría de Comercio fue degradada y vaciada, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor perdió capacidad operativa y el Banco Central eliminó varias regulaciones que limitaban comisiones y tasas. Como señalan economistas de la línea de Axel Kicillof y Pablo Manzanelli, la política oficial no es neutral: libera al capital financiero para que fije precios y condiciones a un consumidor sin herramientas de defensa. El resultado es previsible y ya está a la vista.

Como apuntaba Rodolfo Walsh en otro contexto, "la miseria planificada" también se construye con decisiones técnicas que parecen inocuas. Permitir que un jubilado pague 300% TEA por un préstamo de $100.000 no es libertad: es diseño de política pública para transferir ingresos de los que menos tienen a los que más tienen.

Qué hacer: regulación, educación financiera y Estado presente

Frente a este panorama, las propuestas desde el campo nacional-popular son concretas y verificables:

• Tope legal a la tasa de interés al consumo, atado a la tasa de política monetaria del BCRA más un spread razonable, como existe en Francia, Alemania y varios estados de EE.UU.
• Registro público obligatorio de fintech y apps de crédito, con obligación de informar costo financiero total en forma clara y visible.
• Fortalecimiento de las oficinas de defensa del consumidor municipales y provinciales, con capacidad real de sanción.
• Programas de crédito público no bancario —vía Banco Nación, ANSES o entidades provinciales— para sectores excluidos del sistema formal, a tasa subsidiada.
• Persecución penal efectiva de los circuitos de usura informal, articulada con política de seguridad y asistencia social, no como mero problema policial.

Nada de esto es inventar la pólvora: son políticas que funcionaron en Argentina durante el kirchnerismo —con sus límites— y que funcionan en países que no entregaron sus mercados financieros al libre arbitrio del más fuerte.

El fondo de la cuestión: salarios, no créditos

Ahora bien, ninguna regulación financiera por sí sola resuelve el problema de fondo. Si el salario mínimo —hoy muy por debajo de la canasta básica, como mostramos en la nota sobre el salario mínimo que el pueblo necesita— no alcanza para vivir, la gente va a seguir endeudándose. Y cualquier tope de tasa va a ser esquivado por el circuito informal.

La salida es sistémica: recomposición salarial, paritarias libres por rama, control de precios en bienes esenciales, política de ingresos para informales, obra pública que genere empleo. Lo contrario al manual libertario, en resumen. Porque el crédito al consumo, en una economía sana, es una herramienta para financiar un bien durable. En la Argentina de Milei, es el último recurso antes del hambre.

Mientras tanto, cada tarjeta que se refinancia, cada DNI retenido en una cueva de barrio, cada app que descuenta cuotas de una AUH son los síntomas visibles de un modelo que necesita del endeudamiento popular para sostenerse. No es un error del plan: es el plan.

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