Movilización al Congreso en agosto: qué reclaman los sectores populares

Qué sectores convocan la movilización al Congreso en agosto y qué reclaman

La movilización al Congreso en agosto fue convocada por la CGT, las dos CTA, la UTEP, movimientos de desocupados, la mesa de jubilados y los rectores universitarios agrupados en el CIN. Los reclamos centrales son la recomposición de haberes previsionales (que perdieron cerca del 30% de poder adquisitivo desde diciembre 2023), el financiamiento de las universidades públicas, la reapertura de paritarias y el rechazo al veto presidencial sobre la ley de movilidad jubilatoria.

El mapa de la convocatoria: no es una marcha, son varias

Lo que se leyó en los principales medios como "una marcha" fue en realidad la confluencia de agendas que venían caminando por separado desde el verano. Los miércoles de jubilados frente al Congreso, sostenidos por la mesa que integran organizaciones como el Plenario Permanente de Jubilados y referentes históricos como Norma Plá redivivos en una nueva generación de dirigentes, marcaron el pulso semanal desde marzo. A esa base se sumaron los cortes y ollas populares de la UTEP y los movimientos que responden a Juan Grabois, Emilio Pérsico y Esteban "Gringo" Castro.

La novedad de agosto fue el ingreso pleno de la CGT y las dos CTA a la calle, después de meses en los que la conducción de Héctor Daer y Pablo Moyano venía siendo cuestionada por su tibieza. La CTA Autónoma de Hugo "Cachorro" Godoy y la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky pusieron el cuerpo desde temprano. El cierre lo aportaron los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, que arrastraron detrás a centros de estudiantes, docentes y no docentes en una escena que recordó al 23 de abril, cuando más de un millón de personas marcharon en defensa de la universidad pública.

A diferencia de otras convocatorias, esta vez no hubo una "cabecera única" ni una consigna cerrada. Fue, más bien, una foto de la Argentina que resiste el ajuste desde frentes distintos pero con un mismo diagnóstico: el modelo Milei-Caputo no cierra ni por arriba ni por abajo, como venimos analizando en este mismo espacio.

Jubilados: el rostro más duro del ajuste

La jubilación mínima en agosto quedó en $234.540, complementada por un bono de $70.000 que no se actualiza desde marzo. Sumados, los haberes mínimos representan alrededor de $304.540, mientras la canasta básica del adulto mayor calculada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad superó el millón doscientos mil pesos. Es decir: un jubilado mínimo cubre menos de un tercio de lo que necesita para vivir.

Ese dato explica la ferocidad de la represión que las fuerzas comandadas por Patricia Bullrich vienen aplicando los miércoles: gas pimienta contra ancianos, empujones a personas con bastones, detenciones arbitrarias documentadas por el CELS. El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó habeas corpus preventivos por la aplicación desproporcionada del protocolo antipiquetes.

La ley de movilidad jubilatoria que aprobó el Congreso en julio —que actualizaba haberes por inflación e incorporaba un aumento del 8% para compensar la pérdida— fue vetada por Javier Milei con el argumento del "equilibrio fiscal". El propio Ejecutivo reconoció que el costo fiscal de la ley representaba 0,45% del PBI, mientras la baja del impuesto a los Bienes Personales aprobada en la Ley Bases significa una resignación fiscal de magnitud similar en favor de los sectores más concentrados. La cuenta política es clara: se ajusta a quien no tiene margen y se le devuelve al que ya tiene.

Universidades: la segunda gran fractura

El reclamo universitario tiene dos dimensiones. La primera es salarial: los docentes universitarios perdieron entre 30 y 40 puntos de poder adquisitivo desde diciembre, según los relevamientos de CONADU y CONADU Histórica. La segunda es de funcionamiento: los gastos operativos (luz, gas, limpieza, insumos de laboratorio) se actualizaron muy por debajo de la inflación acumulada, que superó el 90% en el primer semestre según el INDEC.

El CIN denunció que varias universidades están al borde de no poder pagar servicios básicos. Facultades como Exactas de la UBA suspendieron actividades en aulas por falta de calefacción. El plan del Gobierno —según trascendió del propio ministro Sandra Pettovello— es forzar un debate sobre arancelamiento y "eficiencia", una agenda que la sociedad ya respondió en las calles en abril.

Los rectores llegaron al Congreso con un pedido concreto: aprobar la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza actualización automática por inflación de partidas y salarios. La ley se aprobó pocos días después con amplia mayoría. Como era previsible, el Gobierno anticipó veto, en una repetición del libreto previsional.

Movimientos sociales y sindicatos: la agenda del trabajo

La UTEP y las organizaciones de la economía popular llegaron con una agenda propia que combina lo urgente y lo estructural. En lo urgente: reapertura del Potenciar Trabajo bajo otras formas, ya que el programa Volver al Trabajo diseñado por Pettovello dejó fuera a alrededor de 400.000 personas según cálculos de la propia UTEP. En lo estructural: reconocimiento de las cooperativas y unidades productivas como generadoras de empleo real, y no como "planes" a extinguir.

La CGT llevó al Congreso el rechazo a los capítulos laborales de la Ley Bases y al DNU 70/2023 que sigue en pie pese al rechazo del Senado. Los puntos calientes: extensión del período de prueba a 8 meses, habilitación del "trabajador independiente" con hasta cinco colaboradores (una figura que legaliza la precarización), fondo de cese laboral que reemplaza indemnizaciones. Sobre estos ejes ya trabajamos en profundidad en esta nota sobre desregulación laboral.

La lista de reclamos sindicales incluyó:

• Reapertura de paritarias con cláusula gatillo automática
• Restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) que el Gobierno dio de baja
• Rechazo al cierre del INADI, la CONABIP y otros organismos
• Defensa de Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos y el resto de las empresas del Estado en riesgo de privatización
• Reactivación de la obra pública, hoy virtualmente paralizada

La respuesta del Gobierno: veto, protocolo y desprecio

El patrón de respuesta oficial se repite. Ante cada reclamo, tres movimientos: descalificación pública desde la cuenta de X del Presidente y de la ministra Bullrich, aplicación del protocolo antipiquetes con niveles de fuerza que exceden lo razonable, y veto o judicialización de las leyes que el Congreso saca contra la voluntad del Ejecutivo.

El vocero Manuel Adorni afirmó en conferencia que la marcha "fue un fracaso" y que "la gente apoya el rumbo". Los datos de opinión pública muestran otra cosa: la imagen positiva de Milei cayó del 56% de enero a la zona del 45% en agosto según relevamientos de Zuban Córdoba, Analogías y Poliarquía. La aprobación del rumbo económico también retrocede, especialmente entre asalariados formales y jubilados, dos sectores que en la elección de 2023 habían acompañado en parte al oficialismo.

La contradicción que atraviesa al Gobierno es la que también señalábamos al analizar el modelo: el ajuste que promete equilibrio fiscal se paga con recesión, caída de la recaudación y deterioro social. La caja se cierra a costa de romper el contrato básico. Y esa ruptura, tarde o temprano, vuelve a la calle.

Por qué esta movilización importa más allá de agosto

Hay tres razones por las que este momento marca un punto de inflexión. La primera: por primera vez desde diciembre, sectores que venían moviéndose por separado —jubilados, universidades, movimientos sociales, CGT— confluyen físicamente en un mismo territorio con reclamos que se refuerzan mutuamente. La atomización que benefició al Gobierno durante los primeros meses empieza a ceder.

La segunda: el Congreso dejó de ser una escribanía. Las leyes de movilidad jubilatoria y financiamiento universitario salieron con mayorías que incluyen a bloques que en marzo votaban la Ley Bases. El desgaste de la relación del oficialismo con la UCR, parte del PRO y bloques provinciales abre un escenario legislativo distinto al del primer semestre.

La tercera: la agenda de la calle empieza a instalar temas que el mainstream mediático evitaba. Cómo se financia el ajuste, quiénes son los ganadores de la Ley Bases, qué pasa con la reforma del Banco Central y el rol de Caputo, cómo se sostiene un modelo con pobreza del 52,9% y sin plan de crecimiento. Preguntas que no se responden desde el atril presidencial ni desde el streaming libertario.

La Argentina que se movilizó en agosto es la misma que sostuvo el sistema de salud durante la pandemia, la que llenó las plazas en defensa de la universidad, la que resistió el ajuste macrista. No es una minoría intensa: es la mayoría real que el ajuste todavía no consiguió desactivar.

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