Aranceles PAMI congelados: el ajuste que paga con salud de los jubilados

Por qué el atraso en los aranceles del PAMI deja sin atención a los jubilados

El PAMI paga a médicos, clínicas y farmacias aranceles que en 2024 se actualizaron muy por debajo de la inflación acumulada, que según el INDEC superó el 211% anual. Esa brecha hace que atender a un afiliado del PAMI sea económicamente inviable para muchos prestadores, que optan por salirse del padrón o limitar los turnos disponibles. El resultado directo es que jubilados y pensionados —el sector más vulnerable del sistema de salud— quedan sin acceso efectivo a la atención médica que les corresponde por derecho.

La situación no es nueva, pero se aceleró brutalmente desde diciembre de 2023. La gestión de Milei heredó un PAMI con problemas históricos de financiamiento, pero en lugar de resolverlos aplicó la misma lógica de ajuste que al resto del Estado: reducir el gasto nominal, licuar en términos reales y llamarle "eficiencia". Para los 5,3 millones de afiliados, esa eficiencia tiene nombre concreto: el médico que ya no atiende por la obra social, la farmacia que dejó de tener el medicamento subsidiado, la clínica que cerró su convenio.

El mecanismo del ajuste: cómo se licúan los aranceles

Los aranceles que el PAMI abona a sus prestadores se actualizan por resolución interna del organismo. Durante 2024, esas actualizaciones fueron esporádicas, parciales y sistemáticamente inferiores a la inflación mensual. En un contexto donde los precios mayoristas subieron más del 300% en doce meses —según datos del INDEC—, un arancel que se ajusta al 80% o al 100% en el año equivale a una quita real de entre el 50% y el 60% del valor original.

Eso significa que una consulta médica que en diciembre de 2022 tenía un valor razonable hoy no cubre ni el costo del insumo básico de un consultorio. Las entidades médicas, entre ellas la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), denunciaron públicamente que miles de médicos de cabecera, especialistas y clínicas optaron por no renovar sus contratos con el PAMI o por limitar los cupos de atención a afiliados del organismo.

El esquema se repite en toda la cadena:

• Médicos de cabecera: reducen o eliminan la atención PAMI porque el arancel no cubre sus costos operativos.
• Clínicas y sanatorios: suspenden internaciones o cirugías programadas por deudas acumuladas del organismo.
• Farmacias: discontinúan el stock de medicamentos con cobertura porque el reintegro demora meses o no alcanza el costo de reposición.
• Laboratorios de análisis clínicos: limitan los estudios disponibles bajo convenio por el mismo motivo.

Los jubilados que pagan el precio: testimonios y datos

Detrás de cada arancel atrasado hay una persona mayor que no consigue turno. Organizaciones de jubilados nucleadas en torno a la CTA y a la Unidad Piquetera documentaron a lo largo de 2024 casos en todo el país: desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, adultos mayores que deben viajar decenas de kilómetros para encontrar un médico que atienda por PAMI, o que directamente pagan de su bolsillo —con jubilaciones mínimas que en 2024 no superaron los $300.000 en muchos meses— lo que el sistema debería cubrir.

El dato es contundente: el 70% de los afiliados al PAMI son personas mayores de 70 años con al menos una enfermedad crónica, según el propio informe anual del organismo. Son personas que necesitan atención médica regular, medicación continua y acceso a especialistas. Cuando el sistema colapsa para ellas, no hay red de reemplazo: no tienen capacidad de pago privado ni acceso a otras coberturas.

Este escenario se enmarca en un deterioro más amplio que podés leer en nuestra nota sobre qué es salud pública en Argentina y en el análisis histórico de cuándo empezó la salud pública en Argentina.

El ajuste fiscal como política sanitaria encubierta

El gobierno de Milei no anunció un recorte explícito a la salud de los jubilados. Lo que hizo fue más sutil y más dañino: dejó que la inflación erosionara los aranceles mientras proclamaba "déficit cero" como logro macroeconómico. Es el mismo mecanismo que aplicó a las jubilaciones —vetó la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso en agosto de 2024— y que describimos en detalle en nuestra cobertura de la movilización al Congreso en agosto.

La lógica del ajuste es siempre la misma: no tocar nominalmente para no dar la pelea política, pero licuar en términos reales hasta que el servicio se vuelva inoperante. Cuando el sistema colapsa, la narrativa oficial culpa a la "ineficiencia" del Estado o a los "intermediarios" —léase médicos y clínicas— en lugar de asumir que la decisión de no actualizar aranceles fue una decisión política deliberada.

Este patrón no es nuevo en Argentina. La convertibilidad de los noventa aplicó la misma receta hasta que el sistema de salud pública colapsó en 2001. La diferencia es que hoy la destrucción es más silenciosa porque ocurre en un organismo que atiende a quienes menos pueden resistirla. Para un análisis más amplio del endeudamiento y la subordinación al FMI que condicionan estas decisiones, ver nuestra nota sobre endeudamiento externo y dependencia financiera con Milei.

Qué dicen los actores del sector salud

La Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) emitió en 2024 múltiples comunicados alertando sobre el abandono de prestadores. FESPROSA, que nuclea a trabajadores de la salud pública, fue más directa: denunció que el PAMI acumula deudas con prestadores que en algunos casos superan los seis meses de facturación impaga, y que la situación empuja a los médicos a una disyuntiva inhumana: trabajar a pérdida o dejar sin atención a sus pacientes más vulnerables.

Desde el campo académico y heterodoxo, economistas del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) señalaron que el recorte real en el presupuesto de salud 2024 fue uno de los más pronunciados en décadas, con una caída del gasto en salud pública en términos del PBI que no se registraba desde la crisis de 2001. El ajuste, lejos de ser técnico, es una transferencia de costos: del Estado a los prestadores primero, y de los prestadores a los jubilados después.

La contracara de este ajuste la vemos también en el mercado laboral informal, donde muchos trabajadores sin cobertura formal terminan dependiendo del sistema público que también se degrada: podés leer más en nuestra nota sobre trabajo informal en Argentina y su impacto en la economía.

Qué se puede y qué se debe hacer

La solución no es técnicamente compleja: requiere voluntad política. Actualizar los aranceles del PAMI a la par de la inflación real, cancelar las deudas acumuladas con prestadores y garantizar el financiamiento del subsidio de medicamentos son medidas que están dentro de las capacidades del Estado argentino. Lo que falta no es plata —el Estado recauda—, sino la decisión de dónde asignarla.

Algunas propuestas concretas que circulan en el sector:

• Indexación automática de aranceles atada al índice de costos de salud, no a la discrecionalidad del organismo.
• Auditoría pública de las deudas del PAMI con prestadores y calendario de cancelación obligatorio.
• Restitución del subsidio de medicamentos para enfermedades crónicas en el 100% de los casos.
• Mesa de negociación permanente entre PAMI, entidades médicas y organizaciones de jubilados.
• Presupuesto protegido para salud de adultos mayores, con piso constitucional similar al propuesto para educación.

La salud no es un gasto: es una inversión social que el Estado tiene la obligación de garantizar. Cuando un jubilado no consigue turno médico porque el arancel no alcanza, no estamos ante un problema de gestión. Estamos ante una violación concreta del derecho a la salud consagrado en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que incorpora tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. El ajuste tiene nombre, apellido y consecuencias medibles en la salud de los que menos tienen.

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