13.000 millones regalados: el modelo que premia al agro y castiga al pueblo

El número que el Gobierno prefiere no pronunciar

Según un reporte de Bichos de Campo, en el primer semestre de 2025 la Argentina resignó cerca de 13.000 millones de dólares al comercializar su producción agropecuaria a precios que no capturan la renta extraordinaria que el mercado internacional ofrece. El medio lo llama, con cierto tono celebratorio, "regalar" esos dólares. Nosotros lo llamamos por su nombre técnico y político: transferencia de riqueza desde el conjunto de la sociedad hacia el núcleo más concentrado del poder económico argentino.

No es una cifra abstracta. Son 13.000 millones de dólares que no entraron al Tesoro Nacional, que no se convirtieron en partidas presupuestarias para hospitales públicos, que no financiaron la recomposición de las jubilaciones, que no sostuvieron un salario docente digno. Son dólares que se evaporaron —legalmente, con decreto y todo— en las cuentas de las grandes cerealeras y los pooles de siembra.

Una política con nombre y apellido ideológico

La rebaja y eventual eliminación de retenciones no es una medida técnica neutral. Es una decisión política con historia. Desde que Martínez de Hoz desembarcó en el Palacio de Hacienda en 1976 —con el respaldo de las Fuerzas Armadas que acababan de cometer el golpe más sangriento de nuestra historia— la agenda del sector agropecuario concentrado ha sido siempre la misma: que el Estado no toque la renta de la tierra. Que la pampa húmeda tribute lo menos posible. Que la soja, el maíz y el trigo se exporten sin que el pueblo argentino capture una porción razonable de esa riqueza que es, en rigor, colectiva: surge de un suelo fértil que no construyó ningún terrateniente.

No es casualidad que la primera gran reforma que impulsó la última dictadura cívico-militar haya sido precisamente la liberalización del tipo de cambio y la reducción de las retenciones agropecuarias. Ese no es un dato histórico menor ni un desvío retórico: es la columna vertebral de un modelo que se repite con distintos ropajes. El ajuste de hoy tiene el mismo ADN estructural que el de entonces, aunque hoy no haya desaparecidos sino una forma más silenciosa —pero igualmente brutal— de borrar derechos: el desfinanciamiento del Estado.

La renta agraria y el debate que la derecha cierra a los gritos

El economista Axel Kicillof, junto a Eduardo Basualdo, desarrolló durante años el concepto de que la restricción externa argentina no es un fenómeno natural sino el resultado de un patrón de acumulación que concentra el excedente en pocas manos. La renta diferencial de la tierra —esa ganancia extra que obtiene el productor pampeano simplemente por la fertilidad del suelo argentino, sin ningún mérito productivo propio— es, en términos ricardianos, la candidata más obvia a ser capturada por el Estado para redistribuirla.

Cuando el Gobierno de Milei reduce retenciones o las elimina, no está "liberando" a ningún pequeño productor. Está regalándole —ahora sí, el verbo es preciso— miles de millones de dólares a un puñado de exportadoras, en su mayoría de capital extranjero, que operan desde el puerto de Rosario hacia afuera. Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus: empresas que no votan en Argentina, que no tienen hijos en las escuelas públicas argentinas, que no se atienden en el Hospital Garrahan.

El FMI aplaude, el pueblo paga

Este modelo no existe en el vacío. Tiene un sostén financiero internacional que se llama Fondo Monetario Internacional. El acuerdo vigente entre el gobierno argentino y el FMI contempla, entre sus condicionalidades implícitas, la reducción de la presión tributaria sobre el sector exportador como señal de "apertura" y "competitividad". El FMI no es una institución benevolente que presta plata a países en apuros: es el brazo financiero de una visión del mundo que pone los derechos del capital por encima de los derechos de las personas.

Las Madres de Plaza de Mayo lo entendieron antes que nadie. Cuando empezaron a caminar alrededor de la pirámide en 1977, no solo reclamaban por sus hijos desaparecidos: denunciaban un proyecto de país que necesitaba el silencio de la violencia para implementarse. Hoy ese silencio se construye de otra manera: con el ruido mediático que convierte a los exportadores en héroes nacionales y a quienes reclaman retenciones en "enemigos del campo".

Soberanía económica como derecho humano

Hay una continuidad que la derecha argentina se niega a ver —o que ve perfectamente y prefiere ocultar. El mismo bloque social que apoyó el golpe del 76, que se benefició del desfinanciamiento del Estado durante la dictadura, que aplaudió la convertibilidad y el uno a uno, es el que hoy celebra que Argentina "regale" 13.000 millones de dólares al complejo agroexportador.

La soberanía económica no es un eslogan vacío. Es la condición material para que los derechos humanos tengan sustancia. Un Estado sin recursos no puede garantizar salud, educación, vivienda ni justicia. Un Estado que renuncia a gravar la renta extraordinaria de los sectores más concentrados es un Estado que elige a quién protege. Y cuando el Estado elige proteger al capital concentrado por sobre las mayorías populares, está tomando una decisión política que tiene víctimas concretas: el jubilado que cobra $400.000 pesos de mínima, la enfermera que trabaja doble turno por un sueldo que no alcanza, el chico que abandona la escuela porque tiene que laburar.

Esos 13.000 millones de dólares tienen cara. Tienen historia. Y tienen un destino alternativo que este gobierno decidió cancelar.

El deber de la memoria también es económico

Cuando hablamos de memoria y derechos humanos en Argentina, solemos pensar —con toda razón— en los 30.000 desaparecidos, en los juicios de lesa humanidad, en la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por la identidad. Pero la memoria también es económica. Recordar qué pasó con el país cuando se liberalizó el tipo de cambio, se bajaron las retenciones y se endeudó al Estado en dólares es también un ejercicio de memoria colectiva.

No hay que esperar la próxima crisis para saber cómo termina este modelo. Ya lo sabemos. Lo vivimos en 1989, en 2001, en 2018. La pregunta que le toca hacerse a la sociedad argentina —y que desde Voces del Pueblo nos comprometemos a no dejar de formular— es cuántas veces más vamos a dejar que el mismo bloque de poder aplique la misma receta antes de que decidamos, colectivamente, que hay otro camino.

Uno que empiece por recuperar esos 13.000 millones de dólares para el pueblo que los produce.

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