Receso del Congreso: cuando el silencio legislativo también es político

El Congreso se fue de vacaciones — y la agenda social no descansa

Según informó El Litoral, el Congreso Nacional atraviesa su período de receso con una serie de actividades confirmadas para los próximos días. La noticia parece rutinaria, casi burocrática. Pero en la Argentina de 2025, con un gobierno que desmantela derechos a velocidad de decreto y una sociedad que exige respuestas urgentes, la pregunta que hay que hacerse no es qué actividades están confirmadas, sino cuáles son las que todavía están pendientes — y cuánto cuesta ese silencio.

El receso parlamentario tiene sus fundamentos reglamentarios, claro. Nadie discute que las instituciones tienen ritmos propios. Pero los ritmos institucionales no deberían desconectarse de la urgencia social. Y en este momento, la urgencia es moneda corriente en cada barrio popular del país.

La memoria como mandato legislativo permanente

Hay una dimensión de este receso que pocas veces se nombra con la claridad que merece: el Congreso es también el ámbito donde se legisla sobre memoria, verdad y justicia. Esa agenda no tiene estación baja.

Desde la recuperación democrática en 1983, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo construyeron una doctrina que el Estado argentino fue adoptando con mayor o menor convicción según cada gobierno: la memoria no es un ejercicio nostálgico, sino una política pública activa. Los juicios por crímenes de lesa humanidad, el banco de datos genéticos de la Abuelas, los sitios de memoria, la educación en derechos humanos — todo eso requiere presupuesto, legislación y voluntad política. Requiere, en definitiva, un Congreso que funcione.

Cuando el Parlamento se toma un respiro, no lo hace en el vacío. Lo hace en un contexto donde el negacionismo de la dictadura ha encontrado nuevamente micrófonos oficiales, donde funcionarios del Ejecutivo cuestionan los números del terrorismo de Estado y donde el presupuesto para organismos de derechos humanos ha sido recortado con la misma frialdad contable con que se recorta el gasto en salud o en ciencia. El receso, en ese marco, no es neutralidad: es ausencia en un momento en que la presencia hace falta.

Ajuste y silencio: dos caras de la misma moneda

El actual gobierno de Javier Milei lleva adelante el ajuste fiscal más agresivo en décadas. Los datos del INDEC confirman que la pobreza superó el 50 por ciento en el primer semestre de 2024 antes de que las mediciones posteriores mostraran una leve corrección estadística que no se tradujo en mejoras reales en los bolsillos populares. La desregulación de servicios, el desfinanciamiento de la salud pública y la educación, y la subordinación al FMI como brújula de política económica configuran un escenario que la historia argentina ya conoce — y que terminó muy mal.

En ese contexto, el Congreso tiene una responsabilidad que no puede delegarse ni pausarse. La Constitución Nacional establece que el Poder Legislativo es el contrapeso del Ejecutivo, el espacio donde las mayorías accidentales no pueden arrasar con los derechos de las minorías ni con los derechos de las mayorías que no votaron al oficialismo. Cuando el Parlamento entra en receso mientras el Ejecutivo avanza por decreto, el equilibrio de poderes se inclina peligrosamente.

No se trata de demonizar el descanso legislativo como institución. Se trata de señalar que en momentos de emergencia social y retroceso democrático, las instituciones deben estar a la altura. Y que la agenda de derechos — laborales, sociales, de memoria — no puede esperar a que vuelvan las sesiones ordinarias.

Lo que quedó sin tratar antes del receso

La lista de proyectos que no llegaron a votarse antes del receso es larga y significativa. Iniciativas vinculadas a la regulación del trabajo precario, al acceso a medicamentos, a la defensa de la educación pública, a la protección de los organismos de derechos humanos — todo eso quedó en el limbo legislativo mientras el oficialismo avanzaba con su agenda de desmantelamiento del Estado.

Esta no es una crítica al receso en sí mismo: es una crítica a las prioridades que se fijaron antes de llegar a él. Un Congreso que sesiona con urgencia para aprobar la Ley Bases y la reforma del sistema previsional, pero que no encuentra el tiempo ni los votos para blindar los juicios de lesa humanidad contra el avance del negacionismo, está revelando algo sobre sus prioridades reales.

La memoria no es un tema del pasado. Es un termómetro del presente democrático. Cuando un gobierno comienza a relativizar los crímenes de la dictadura, el Congreso tiene la obligación de responder con legislación, con declaraciones, con presupuesto. El silencio legislativo en esos momentos no es neutralidad: es complicidad por omisión.

El Parlamento que necesitamos cuando volvamos

La pregunta que deja abierta este receso no es cuándo vuelven los legisladores, sino con qué agenda lo hacen. La Argentina necesita un Congreso que, al retomar sus funciones, ponga en el centro de la discusión los derechos que están siendo erosionados día a día.

Eso implica debatir con seriedad el financiamiento de los organismos de derechos humanos. Implica garantizar que los juicios por crímenes de lesa humanidad cuenten con los recursos judiciales necesarios para avanzar. Implica legislar contra el negacionismo con la misma firmeza con que otros países europeos lo han hecho. Implica, en definitiva, entender que la democracia argentina se construyó sobre la sangre de 30.000 compañeros desaparecidos y que esa deuda histórica no prescribe.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo nunca se tomaron un receso. Salieron a la plaza semana tras semana, durante décadas, con la certeza de que la memoria es una práctica cotidiana y no un evento anual. Esa lección debería resonar en cada banca del Congreso Nacional cuando se retomen las sesiones. El pueblo que las eligió no descansa. La agenda de derechos tampoco puede hacerlo.

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