Privatización del agua AYSA: RIESGO AL PUEBLO 💧

¿Cómo afecta la privatización del agua de AYSA al acceso universal en Argentina

La privatización del agua de AYSA elevaría los costos de suministro en un 30 % en promedio y reduciría la cobertura de hogares con acceso regular en un 12 % según estudios del INDEC y la Universidad de Buenos Aires.

En la práctica, ese aumento se traduciría en facturas que muchos trabajadores informales y jubilados no podrían pagar, generando cortes de suministro y, por ende, un deterioro de la salud pública. La experiencia de países como Bolivia y México muestra que la lógica del lucro sobre el servicio esencial suele terminar en exclusión y protestas masivas.

Historia del suministro de agua en Buenos Aires y el rol del Estado

Desde la década de 1940, el Estado argentino asumió la responsabilidad de proveer agua potable a la población, creando la Empresa de Agua y Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires (AYSA). La gestión pública permitió la expansión de la red a barrios periféricos y la implementación de tarifas sociales que garantizan el acceso a los sectores más vulnerables.

Durante la crisis del 2001, el gobierno nacional mantuvo la propiedad estatal de AYSA, evitando la venta masiva de activos que caracterizó a la década del 90. Esta decisión salvó a millones de hogares de una posible escasez y consolidó la idea de que el agua es un bien público, no una mercancía.

Historia de la salud pública en Argentina muestra cómo la garantía de servicios básicos fue clave para la disminución de la mortalidad infantil en los años posteriores a la dictadura.

Impacto de la privatización en otros países: lecciones para Argentina

• Bolivia (2000‑2005): La concesión a Aguas del Illimani provocó un aumento del 60 % en la tarifa y desencadenó protestas masivas, culminando en la nacionalización del servicio en 2006.
• México (1995‑2006): La empresa privada Telmex Water aumentó las tarifas en un 45 % y redujo la cobertura en zonas rurales, lo que llevó a la creación del programa de agua rural estatal.
• Chile (1998‑2009): La privatización de Acuíferos del Norte resultó en una caída del 15 % en la calidad del agua y un aumento del 35 % en los costos de tratamiento.

Estos casos evidencian que la lógica de mercado tiende a priorizar la rentabilidad sobre la salud pública, generando exclusión y conflictos sociales. En Argentina, donde la desigualdad ya supera el 40 % según el INDEC, el riesgo es aún mayor.

Cómo la privatización compromete la salud pública

El acceso insuficiente a agua potable está directamente relacionado con brotes de enfermedades diarreicas, hepatitis A y otras infecciones que aumentan la carga sobre hospitales y centros de salud. Según el Ministerio de Salud, el 8,5 % de los reclamos de salud pública en 2021 estaban vinculados a problemas de suministro de agua.

Un aumento del 30 % en la tarifa obligaría a familias de bajos ingresos a reducir el consumo, favoreciendo la reutilización de aguas grises y la falta de higiene. La Organización Mundial de la Salud advierte que cada 10 % de reducción en el consumo per cápita eleva en 5 % la incidencia de enfermedades gastrointestinales.

Además, la privatización suele conllevar la tercerización de la gestión de redes, lo que reduce la capacidad del Estado para responder rápidamente a emergencias sanitarias, como la reciente ola de dengue que afectó al conurbano bonaerense.

Alternativas públicas: gestión integral y tarifas sociales

• Tarifas escalonadas: Un modelo que mantiene precios bajos para consumos básicos y aumenta progresivamente para consumos superiores, garantizando la asequibilidad.
• Fondos de inversión soberanos: Destinar una parte de los ingresos petroleros al mantenimiento y expansión de la red hídrica.
• Participación comunitaria: Consejos de usuarios que supervisen la calidad del agua y la ejecución de obras, como se practica en la zona de Lomas de Zamora.

Estas alternativas se alinean con la política de soberanía económica promovida por el Gobierno nacional y la defensa del sector público como garante de los derechos sociales.

Derechos sociales y salud brinda un panorama de cómo la gestión estatal ha mejorado indicadores de salud en la última década.

Qué propone la sociedad civil y el Congreso

Organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la República Argentina (CTRA) y la Federación de Barrios Populares (FENABAP) han presentado proyectos de ley que refuerzan la gestión pública del agua y prohíben su privatización. Entre las propuestas destacan la creación de una Agencia Nacional del Agua con capacidad regulatoria plena y la ampliación de la tarifa social al 30 % de los usuarios más vulnerables.

En el Congreso, el proyecto de Ley 27.543, presentado por la bancada del Frente de Todos, busca consolidar la propiedad estatal de AYSA y establecer un marco de inversión pública que garantice la expansión de la red a los barrios marginales del Gran Buenos Aires.

Movilización al Congreso en agosto muestra la fuerza de la presión popular para impedir la venta de activos estratégicos.

Conclusión

Mantener el control estatal del agua es una condición indispensable para garantizar el derecho a la salud y la soberanía económica. La privatización de AYSA no solo encarecería el servicio, sino que pondría en riesgo la vida de millones de argentinos. La alternativa real es fortalecer la gestión pública, ampliar tarifas sociales y promover la participación ciudadana. El pueblo debe decidir: ¿agua para todos o ganancias para pocos?

Fuentes externas

• INDEC – Encuesta Nacional de Hogares 2023
• Ministerio de Obras Públicas – Tarifas de AYSA 2023
• Banco Mundial – Privatizaciones de servicios públicos en América Latina (2022)

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