Perseguir a CFK mientras el territorio se quema

El show judicial y lo que tapa

Clarín volvió a dedicar portada y análisis al expediente judicial de Cristina Fernández de Kirchner, insistiendo en que su estrategia de defensa carece de sustento jurídico, según la cobertura del matutino porteño. El argumento es viejo: la política no puede ampararse en el derecho cuando el derecho —dicen ellos— ya habló. Lo que no dicen es que ese mismo derecho, ese mismo sistema judicial, mira para otro lado cuando se trata de autorizar desmontes en el Chaco, de habilitar la megaminería sin consulta previa, de dejar pasar la contaminación del Pilcomayo o de ignorar los fallos que ordenan proteger los humedales del Paraná.

Este editorial no viene a dirimir si los argumentos procesales de la defensa de CFK son sólidos o no. Para eso están los juristas y las instancias recursivas. Viene a preguntarse por qué el gran diario de la Argentina dedica tanto espacio a la estrategia judicial de una ex presidenta y tan poco a la estrategia territorial de un gobierno que está desmantelando la capacidad del Estado para proteger el ambiente, los bienes comunes y las comunidades que los habitan.

El extractivismo como política de Estado (macrista)

Mientras los cronistas judiciales especulan sobre recursos de casación, el gobierno de Javier Milei avanza en una agenda territorial que debería escandalizar a cualquier demócrata republicano genuino. La Secretaría de Minería fue elevada en rango, el RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones— fue aprobado con beneficios impositivos y aduaneros que ningún gobierno kirchnerista se hubiera atrevido a ofrecer sin escándalo, y la Ley de Humedales sigue sin sancionarse después de años de cajoneos parlamentarios.

El RIGI, en particular, es un caso de manual de subordinación soberana. Las empresas que ingresan bajo ese régimen quedan blindadas contra cambios normativos por treinta años. Treinta años. Si mañana el Congreso decide que el litio del noroeste debe tener una renta soberana mayor, las empresas del RIGI pueden reclamar en tribunales internacionales. Si una comunidad originaria logra que la Justicia frene una explotación, el Estado nacional podría terminar pagando indemnizaciones millonarias a corporaciones extranjeras. Eso no es soberanía: es servidumbre con traje de inversión.

Humedales, litio y el mapa del saqueo

La Argentina tiene el tercer reservorio de litio del mundo, concentrado en la Puna jujeña, salteña y catamarqueña. Tiene también el segundo sistema de humedales más grande de Sudamérica, el Delta del Paraná, que regula el ciclo hídrico de millones de personas y que en los últimos años ardió de forma sistemática —los incendios de 2020 y 2022 destruyeron cientos de miles de hectáreas— sin que ningún responsable rindiera cuentas efectivas.

En el norte, las comunidades kollas, atacameñas y omaguacas reclaman desde hace décadas el derecho a la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la OIT —ratificado por la Argentina— antes de que cualquier emprendimiento extractivo avance sobre sus territorios. Ese derecho no es una cortesía: es una obligación legal internacional. Sin embargo, los proyectos de litio avanzan, los salares se intervienen y las asambleas comunitarias son ignoradas o, en el peor de los casos, judicializadas.

Mientras tanto, la Ley de Humedales —que tuvo media sanción en 2021 y fue cajoneada en el Senado con la complicidad de sectores agropecuarios y gobiernos provinciales de todo signo— sigue sin existir. Sin esa ley, los humedales quedan a merced de ordenanzas municipales y de la buena voluntad de los terratenientes. El mercado no protege ecosistemas: los valoriza hasta que los destruye.

La criminalización de los que defienden el territorio

Hay una paradoja brutal en el discurso republicano que celebra la persecución judicial a CFK: los mismos que invocan a la Justicia para condenar a una ex presidenta son los que miran para otro lado cuando esa misma Justicia procesa a referentes de comunidades mapuches en el sur, a activistas que bloquean fumigaciones en Córdoba o a ambientalistas que documentan la contaminación del Riachuelo.

La criminalización del activismo territorial es una política sistemática. No es paranoia: es un patrón documentado por organismos como el Global Witness, que año tras año registra a la Argentina entre los países con mayor número de defensores ambientales amenazados y asesinados en la región. Ese dato no aparece en las tapas de Clarín.

Lo que sí aparece es la narrativa de que cualquier resistencia popular al extractivismo es "ideológica", "anticapitalista" o —el término favorito del momento— "comunista". Como si defender el agua, el suelo y el aire fuera una posición de partido y no una condición de posibilidad de la vida misma.

El Estado que se retira y el territorio que sangra

El kirchnerismo tuvo contradicciones en materia ambiental: nadie que conozca el conflicto de Famatina, la expansión sojera o las tensiones con las comunidades qom puede afirmar lo contrario. Pero la diferencia estructural con el proyecto actual es que existía un Estado con capacidad —aunque no siempre voluntad— de intervenir, regular, compensar y, en algunos casos, frenar el avance del capital sobre el territorio.

Lo que el gobierno de Milei propone es otra cosa: la retirada deliberada del Estado de cualquier función regulatoria, la idea de que el mercado asignará mejor los recursos naturales que cualquier política pública. Esa idea tiene consecuencias concretas: menos inspectores de la AFAI, menos capacidad del CONICET para monitorear ecosistemas, menos presupuesto para el INTA, menos fondos para las áreas protegidas nacionales.

Cuando el Estado se retira, no queda el vacío: queda el capital. Y el capital no tiene memoria, no tiene territorio, no tiene comunidad. Tiene rentabilidad trimestral.

El juicio que importa

El expediente judicial de Cristina Kirchner seguirá su curso, con sus instancias, sus recursos y sus tiempos procesales. Lo que no puede esperar son los humedales que se queman, los salares que se perforan sin consulta, las comunidades que se fumigan y los ríos que se contaminan.

El verdadero juicio histórico no se está sustanciando en Comodoro Py. Se está sustanciando en cada hectárea de bosque nativo que desaparece, en cada salar que pierde su equilibrio hídrico, en cada niño de los barrios rurales del interior que crece con agrotóxicos en la sangre.

Ese es el expediente que los grandes medios no quieren abrir. Ese es el territorio que este medio se compromete a defender.

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